¿Reforma a la Justicia?

Junio 17, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Difícil de entender por ejemplo que la reforma no haya incluido decisiones sobre asuntos tan críticos como el choque que se produce entre las Cortes con motivo de las tutelas contra sus sentencias. O que haya terminado por cambiar de manera por lo menos sorpresiva el régimen de inhabilidades y de pérdida de investidura que se aplica a los propios congresistas...".

El pasado jueves, la sesión plenaria de la Cámara de Representantes completó el ritual con el cual el Legislativo aprobó la que en un principio se llamó la Reforma a la Justicia. Pendientes de la sanción presidencial y de los veredictos que sobre ella dicte la Corte Constitucional, el país empieza a asimilar los cambios adoptados en un proceso donde lo que se aprobó tiene un innegable aspecto de reforma política. Hace dieciocho meses, el presidente Juan Manuel Santos convocó al país, a los congresistas y a las Altas Cortes a participar en el empeño de desatar los nudos que han impedido al Estado y a los colombianos disponer de una rápida y cumplida justicia. Ese deseo, aplazado por años y obstaculizado siempre por la falta de consenso, parecía abrirse paso, respondiendo al clamor contra la impunidad, contra la morosidad de instituciones como la Comisión de acusaciones y contra los frecuentes escándalos de corrupción que estallan en el Consejo Superior de la Judicatura. Esta semana culminó esa etapa. Pero la sensación que crece es de insatisfacción sobre el resultado. Difícil de entender por ejemplo que la reforma no haya incluido decisiones sobre asuntos tan críticos como el choque que se produce entre las Cortes con motivo de las tutelas contra sus sentencias. O que haya terminado por cambiar de manera por lo menos sorpresiva el régimen de inhabilidades y de pérdida de investidura que se aplica a los propios congresistas, el cual se justifica por hechos como la narcopolítica, la parapolítica y la farcpolítica. Sin duda, un retroceso dramático a los principios consignados en la Constitución de 1991. Así, la reforma dio un giro sorpresivo. Que incluyó asuntos como crear excepciones a la última reforma constitucional donde se establecía el retiro obligatorio de los funcionarios públicos a los 65 años y ordenaba la abolición de regímenes especiales. Ahora resulta que los miembros de las Cortes, incluidos sus actuales integrantes, podrán ejercerlos hasta los 70 años de edad, después de los cuales recibirán pensiones liquidadas con base en el salario del último año. Sin duda, hubo cambios importantes como el de eliminar el Consejo Nacional de la Judicatura fuente de permanentes incordios y sospechas. O como la abolición de la Comisión de Acusaciones donde han muerto todos los procesos judiciales contra los funcionarios cubiertos por fueros especiales. Pero, como lo alertó la Corporación Excelencia de la Justicia, se incluyó a los jueces como posibles sujetos de juicios políticos, lo que expone a la justicia a riesgos peligrosos. Ahora sigue la revisión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la reforma en casos como autorizar a abogados particulares y a notarios a actuar como jueces. Pero no cabe la menor duda sobre las grandes inquietudes que siembra su contenido en los ciudadanos del común. Sí, es cierto que el Congreso realizó el proceso ordenado para cambiar la Constitución. Sin embargo, desde ya está claro que los cambios no servirán para mejorar la eficacia y oportunidad de la justicia que reclama Colombia para, entre otras cosas, recuperar la convivencia social y la credibilidad en su Estado.

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