Realidad inocultable

"La explosión de listas y aspirantes surgidos de toda clase de movimientos políticos son indicio de la crisis que padecen las organizaciones políticas en Colombia. Pero también, el asomo claro de las intenciones que muestran muchas organizaciones al margen de la ley por apoderarse de los gobiernos locales y regionales en la provincia, al costo que sea".

Culminado el proceso de inscripción y modificación de listas y de aspirantes a los cargos de elección popular en municipios y departamentos, empieza en firme la campaña electoral. Y si bien crecen las preocupaciones de algunos sectores por la aparente influencia de grupos delincuenciales interesados en distorsionar los resultados, también se espera que las autoridades electorales y los organismos de seguridad estén alertas para impedir que se consumen las maniobras. La explosión de listas y aspirantes surgidos de toda clase de movimientos políticos son indicio de la crisis que padecen las organizaciones políticas en Colombia. Pero también, el asomo claro de las intenciones que muestran muchas organizaciones al margen de la ley por apoderarse de los gobiernos locales y regionales en la provincia, al costo que sea. Por qué se produce esa ambición debe ser objeto de un análisis detenido sobre las ventajas que ofrece para esas organizaciones y sus integrantes el tener como aliado a un alcalde, un concejo municipal, una asamblea departamental o un gobernador. Pero el hecho es que esas realidades se están presentando y tienen relación directa con el deterioro que se vive en algunos municipios del Valle y en los índices de homicidios que allí se están produciendo. Hoy es innegable que la transparencia y la tranquilidad del certamen electoral están siendo afectadas por el asesinato de aspirantes y la amenaza a quienes no se pliegan a los dictados de quienes usan el poder del dinero y de la intimidación, así como se temen fraudes y falsedades. Como en cada elección, la Misión de Observación Electoral, MOE, divulgó su mapa de riesgo referente a las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de octubre. Según la organización , 241 municipios colombianos presentan un serio riesgo de que los comicios y sus resultados sean afectados por la violencia o por el factor político consistente en el fraude, la compra de votos o la manipulación de los resultados. Y entre ellos aparecen por primera vez las alertas sobre la posibilidad de que esas amenazas se presenten en capitales como Cali, Medellín, Cartagena y la misma Bogotá. Con respecto al Valle, la situación es particularmente difícil. Municipios como El Dovio donde se presentan tasas de homicidios de 220 por cada 100.000 habitantes; o Sevilla, donde han ocurrido atentados contra personas vinculadas a movimientos políticos y al gobierno municipal; o Buenaventura y el mismo Cartago, afectados por escándalos de corrupción e interferencia de factores ajenos a la política, son muestras innegables de la delicada situación que enfrentan las próximas elecciones. Por supuesto, tales indicios no pueden llevar a la alarma generalizada que llame a declarar un estado de crisis o a cancelar las elecciones. Pero algo grave está ocurriendo. Algo que interviene con fuerza insospechada y puede alterar el manejo del poder local y regional. La autoridad debe actuar para evitar que se concreten las amenazas que se ciernen sobre un certamen en el cual están en juego la democracia y la suerte de las instituciones más cercanas al ciudadano.