Reacción tardía

editorial: Reacción tardía

"Sin citar cifras, se dice que la minería ilegal se convirtió en fuente de financiación de la guerrilla y las Bacrim. Pero nadie se refiere al daño que produce el que las diferentes entidades nacionales, departamentales y municipales se tiren la pelota entre sí, evadiendo su obligación de combatir la depredación y los problemas de orden público que deben padecer las comunidades afectadas por el fenómeno".

Reacción tardía

Noviembre 02, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Sin citar cifras, se dice que la minería ilegal se convirtió en fuente de financiación de la guerrilla y las Bacrim. Pero nadie se refiere al daño que produce el que las diferentes entidades nacionales, departamentales y municipales se tiren la pelota entre sí, evadiendo su obligación de combatir la depredación y los problemas de orden público que deben padecer las comunidades afectadas por el fenómeno".

Luego de centenares de denuncias, de demostraciones palpables como lo que ocurre en Zaragoza donde los daños llegan hasta socavar la vía más importante para el comercio internacional de Colombia, el Gobierno Nacional anuncia que presentará un proyecto de ley para convertir en delito lo que de por sí es un crimen. Es la minería ilegal, una muestra más del daño que se produce cuando el Estado se desentiende de su obligación de evitar que la delincuencia siga causando estragos en el medio ambiente. El pasado jueves se conoció que el Gobierno Nacional se disponía a presentar un proyecto de ley para declarar como delito la minería que hoy se practica por fuera de las normas. Es decir, elevar a categoría de crimen lo que ha sido tolerado por años, ocasionando daños irreparables en zonas como el Chocó, o el Cauca, o la región que va desde el Dagua hasta Buenaventura. Es una actividad que hoy se ha convertido en fuente de financiación de la guerrilla, los paramilitares y las Bandas Criminales. Pero que también ha sido fuente de enriquecimiento de empresas extranjeras, que aprovechan la laxitud de los organismos oficiales para cuidar nuestra diversidad ecológica, uno de los grandes patrimonios de nuestra Colombia. La reforma anunciada por el presidente Juan Manuel Santos contiene tres “ejes”: la destrucción in situ de la maquinaria con la cual se practica esa clase de minería, la exigencia de licencias previas y la restricción de las importaciones para la maquinaria destinada a ese fin, y la creación del delito mediante la tipificación más precisa de las conductas que atenten contra el medio ambiente en la explotación de recursos mineros. Poco dice, sin embargo, de movilizar a las autoridades para combatir las actividades que hoy se desarrollan en muchos puntos del país, en abierto desafío a las normas y a la conservación de los recursos naturales. Sin citar cifras, se dice que la minería ilegal se convirtió en fuente de financiación de la guerrilla y las Bacrim. Pero nadie se refiere al daño que produce el que las diferentes entidades nacionales, departamentales y municipales se tiren la pelota entre sí, evadiendo su obligación de combatir la depredación y los problemas de orden público que deben padecer las comunidades afectadas por el fenómeno. Si se quiere un ejemplo, basta con darse una pasada por Zaragoza, San Cipriano, Córdoba, el Escalerete y toda la región del parque natural de los Farallones. Allí se podrá comprobar cómo las cientos de excavadoras y los miles de mineros han cambiado en forma dramática el paisaje y el equilibrio ecológico. Es allí donde está la razón del desastre que destruye un patrimonio más valioso para la Nación que el afán de lucro de unos pocos, o de empresas que aprovechan la inoperancia oficial para sentar sus reales y destruir la naturaleza. Ojalá, el de declarar delito la minería ilegal sea acompañado del propósito firme de hacer aplicar las leyes que se expidan y las existentes. Con lo cual se cumplirá el deber de proteger el medio ambiente de la depredación causada por los criminales y la desidia oficial.

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