¿Quién responde?

Julio 07, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Eso es lo que resulta cuando la administración del deporte en Colombia es politizada y expuesta a decisiones que atienden los intereses de unos pocos más no los de la Nación, permitiendo que los Juegos fueran presa de la corrupción. O cuando se deja sin control a municipios como Ibagué y Quibdó, para garantizar el manejo pulcro de los recursos públicos y la construcción de obras necesarias para sus habitantes.

Ocho meses después de realizados, los Juegos Nacionales 2015 siguen dando de qué hablar. Y no por las razones positivas que debería generar un evento deportivo en el cual se deberían reunir los mejores atletas del país, sino por el destape del desgreño y la corrupción en el manejo de los recursos públicos destinados a su ejecución.Hace algunas semanas se conoció que el detrimento patrimonial en Ibagué, la sede principal de las competencias, superó los $36.000 millones. Como evidencia quedó un reguero de obras inconclusas como el Parque Deportivo, construido en un 40% y que es ya un gigante elefante blanco que ni sirvió para albergar los Juegos ni será la villa deportiva que debió quedarle al departamento del Tolima. Y un abogado preso por ser el eje del desfalco. Ahora, la Contraloría General de la República denuncia que lo mismo pasó en Quibdó, la sede alterna, donde las irregularidades le costaron al erario $9.942 millones. Las investigaciones descubrieron que se adjudicaron contratos irregulares, se timó con la compra de lotes ubicados en zona rural pagados a precios de predios urbanos, sin acceso a servicios públicos y donde nunca se levantaron el estadio de atletismo, las piscinas olímpicas y el centro biomédico prometidos.Que eso sucedería se supo antes de que los Juegos Nacionales comenzaran en noviembre pasado. Fue la razón principal para que Cali, Medellín y Bogotá debieran acoger casi todas las disciplinas y los competidores, única manera de realizar el evento deportivo de más trascendencia para los departamentos y sus delegaciones, así como termómetro de la realidad deportiva nacional.Eso es lo que resulta cuando la administración del deporte en Colombia es politizada y expuesta a decisiones que atienden los intereses de unos pocos más no los de la Nación, permitiendo que los Juegos fueran presa de la corrupción. O cuando se deja sin control a municipios como Ibagué y Quibdó, para garantizar el manejo pulcro de los recursos públicos y la construcción de obras necesarias para sus habitantes.Hasta ahora la Contraloría Nacional dice que de los $215.000 millones entregados a las dos ciudades para la construcción y adecuación de las sedes deportivas, se embolataron al menos $46.000 millones, cifra que podría crecer a medida que avancen las investigaciones. Un faltante por el cual deben responder los funcionarios responsables del manejo de los recursos y las inversiones, que por acción u omisión causaron el detrimento patrimonial. La realidad es que los dineros esquilmados en la descarada fiesta que se realizó con los recursos públicos difícilmente serán recuperados: Como tampoco se terminarán los complejos deportivos prometidos, porque ni Ibagué ni mucho menos Quibdó cuentan con los recursos para el efecto. Así los Juegos Nacionales del 2015 pasarán a la historia no por las marcas que batieron los deportistas o los galardones obtenidos por los departamentos, sino por ser el roto a través del cual se esfumaron unos importantes recursos públicos destinados a promover el deporte en el país.

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