Que siga la absolución

Que siga la absolución

Julio 17, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

De nuevo, y como en los últimos cincuenta años, Colombia fue notificada de la imposibilidad de reformar la Justicia, porque los jueces así lo ordenan. Y según parece, el camino que queda es el de una Asamblea Constituyente, donde puede pasar cualquier cosa con las instituciones de nuestro país.

En sentencia cuyo sentido fue anunciado desde el momento mismo en el cual se informó sobre la creación del Tribunal de Aforados, la Corte Constitucional falló en contra de la iniciativa. Quiere ello decir que se cae la última de las reformas propuestas para darle transparencia al ejercicio de las más altas magistraturas de la Justicia en Colombia.La consecuencia inmediata del fallo es que se revive la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, conocida por su inoperancia. Es decir, por su incapacidad permanente para investigar los abusos y los posibles delitos cometidos por los Magistrados de las Cortes o por el Fiscal General de la Nación.El argumento no puede ser más polémico. Según lo anunciado por la Corte, la reforma produjo un cambio en la esencia de la Constitución, que no es permitido por el ordenamiento jurídico. Y como si fuera poco, dice que en el caso de las acusaciones contra ellos deben considerarse razones políticas además de las pruebas jurídicamente válidas sobre la comisión de posibles delitos. Es decir, en los procesos que se adelantan contra quienes abusando de sus atribuciones crearon el fraude del llamado carrusel de pensiones para jubilar con los más altos salarios a funcionarios de la rama que fueron encargados por pocos días, seguirán en manos de una Comisión incapaz y desinteresada por la aplicación de la cumplida justicia a quienes permitieron esos favorecimientos. Y en el futuro, los posibles delitos que se hayan cometido en ejercicio de sus funciones por el Fiscal o por los Magistrados, tendrán que ser mirados primero bajo la lupa de la conveniencia política que de la necesidad de saber si sus conductas estuvieron ajustadas o no a la rectitud y el cumplimiento de las leyes.Se cerró entonces la puerta para evitar la impunidad. Y le dieron la razón al demandante, el exfiscal Eduardo Montealegre que ha sido acusado de irregularidades en la celebración de contratos. Todo eso volverá a su cauce normal, el trámite ante una Comisión reconocida por mantener la impunidad para los casos que ha tenido a su cargo.Nada pasará entonces. La Corte Constitucional ha decidido que ni puede reformarse la forma de administrar la Justicia, ni los aforados pueden ser procesados por un tribunal independiente que les ofrezca garantías pero que también les asegure a los colombianos que los funcionarios investigados respondan por sus actos, como cualquier ciudadano. De nuevo, y como en los últimos cincuenta años, Colombia fue notificada de la imposibilidad de reformar la Justicia, porque los jueces así lo ordenan. Y según parece, el camino que queda es el de una Asamblea Constituyente, donde puede pasar cualquier cosa con las instituciones de nuestro país.Mientras tanto, volveremos a la comisión de absoluciones, donde la impunidad es la norma y el imposible es el juicio justo a quienes adquieren un fuero especial por ser depositarios de la confianza pública. Al parecer, esa característica seguirá interpretada como la autorización para que unos pocos ciudadanos, los Magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General, no deban responder por sus actos.

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