¿Qué negociar?

"El Acuerdo tiene puntos que al negociarse deberían acabar el terrorismo. Así se iniciaron los diálogos en otras oportunidades, todas fracasadas por la persistencia de las Farc en la intimidación y la destrucción. Lo que espera el país es que la violencia se suspenda como demostración de buena voluntad".

Se conoció el contenido de lo que será el diálogo entre el Gobierno y las Farc para sentarse a la mesa de negociación. La Nación debe estar vigilante para evitar que las conversaciones que se realizarán en La Habana se conviertan en una salida inaceptable o en una nueva frustración a su interés por la paz. Según la encuesta de Invamer Gallup, el 60% de los colombianos quiere la paz negociada, y la casi totalidad rechaza a las Farc. Esos datos son una constante que demuestra su anhelo de reconciliación y su condena a la violencia. La pregunta es qué Nación se resiste a una solución que acabe la sangría producida por un conflicto inútil que justificado en supuestas reivindicaciones sociales consume preciosos recursos e impide lograr soluciones verdaderas. Dicho lo anterior, hay que reconocer que el Gobierno está obligado a explorar el diálogo. Así se ha hecho a lo largo de los últimos 40 años con las Farc y, al parecer, así procede el presidente Juan Manuel Santos. Y si bien no se conoce si la búsqueda de ahora nace del Gobierno o tiene origen en los cabecillas del grupo armado, por lo pronto es prudente aceptar que han llegado a un principio de acuerdo con la participación interesada o no del gobierno de Hugo Chávez, protector de las guerrillas que atacan a los colombianos y ahora en plan conciliador.Se iniciarán entonces los diálogos, anunciados como “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Nombre llamativo, que sin embargo no parece reflejar todos los temas que le interesan a la Nación. El documento empieza por invitar a “toda la sociedad colombiana a acompañar este proceso”, lo que de por sí marca el tono de lo que serán los diálogos. Es de esperar que los delegados del Gobierno actúen reflejando el interés nacional. Todos son temas de importante contenido que debieran ser materia de debate en el Congreso de la República y en los escenarios democráticos, antes que negociarse con quienes han hecho de la violencia un negocio disfrazado de posiciones políticas. El Acuerdo tiene puntos que al negociarse deberían acabar el terrorismo. Así se iniciaron los diálogos en otras oportunidades, todas fracasadas por la persistencia de las Farc en la intimidación y la destrucción. Lo que espera el país es que la violencia se suspenda como demostración de buena voluntad. Nunca ha sido así, y al parecer ésta vez tampoco será la excepción. En el Acuerdo brillan por su ausencia asuntos como la vinculación de las Farc con el narcotráfico y su alianza con las bandas criminales, o los atentados terroristas que causan daño a colombianos inermes. Infortunadamente, ellos aparecen en el enunciado pero como “soluciones” que deben ser proveídas por el Estado y no como conductas que las Farc se comprometen a erradicar para reintegrarse a la sociedad.Por esas razones, la Nación debe estar alerta. En el último decenio, la Fuerza Pública y el Estado en su conjunto han logrado avances notorios en la recuperación de Colombia para los colombianos. No es el momento de dar marcha atrás o de negociar por negociar con quienes sólo tienen como argumento su afán de causar daño.