Que alguien responda

Que alguien responda

Marzo 26, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

El 30 de abril de 2014 los muertos fueron trece; dos años después, el 3 de abril de 2016, a la lista se sumaron cinco más; el 20 de marzo de 2018, se llevó otras dos vidas. Ellos no fueron los primeros, ni tampoco serán las últimas víctimas que deje la minería ilegal en la vereda San Antonio del municipio caucano de Santander de Quilichao.

La pregunta es por qué no se le ha puesto punto final al negocio letal de la minería a campo abierto, que se hace sin permisos ni controles, ausente de las mínimas condiciones de seguridad y que pese a estar prohibida se ejerce en forma pública. Es difícil de entender la razón para que no funcionara ninguna de las decisiones tomadas cada vez que un socavón se derrumbaba, atrapando la vida de algún minero en San Antonio.

Como autoridad local, garante de la vida y el bienestar de su población, la primera responsabilidad le compete a la Administración Municipal. Hace cuatro años, cuando la catástrofe irrumpió, el entonces alcalde aseguró que más allá de impartir las sanciones del caso no contaba con el pie de fuerza necesario para evitar el retorno de la minería ilegal ni tenía la competencia para tomar otras medidas más contundentes.

Luego de los derrumbes ocurridos la semana pasada, la Alcaldía se declaró de nuevo incapaz de hacerle frente a la situación tal como le corresponde. Esta vez fue el Coordinador Municipal de Gestión de Riesgo quien dijo que las 500 o 600 personas que se encuentran en ese lugar ejerciendo la minería ilegal “lo hacen bajo su propio riesgo porque no tenemos capacidad de control”.

No se sabe que causa más estupor, si conocer que no son 10 o 20 los mineros que están en la zona sino medio millar o más, o que la Administración Municipal se lave las manos así de fácil. Por supuesto, la culpa no es sólo de la Alcaldía de Santander de Quilichao; hay que preguntar dónde están el Ministerio de Minas, el Ejército Nacional, la Policía y las autoridades ambientales que deben darle su apoyo a la localidad.

Si como se especula son los dueños de los predios con la anuencia y la tolerancia de funcionarios públicos los que promueven esa actividad ilícita, hay que sancionarlos. Si son organizaciones criminales las que manejan el negocio ilegal, que se les judicialice y castigue. La pobreza tampoco puede ser excusa cuando en riesgo se encuentra la integridad de tantas personas.

Se dice que la mayoría de los mineros de San Antonio han llegado desde Antioquia o Chocó, y que la comunidad nativa en su mayoría se opone a esa explotación porque reconoce el daño que causa. No es sólo la pérdida de vidas humanas sino la tragedia ambiental a la que se ha expuesto a la zona. Se calcula que 130 hectáreas han sido afectadas y su recuperación, además de tardar décadas, costaría al menos $30.000 millones.

¿Qué habrá qué hacer para que las minas de San Antonio se clausuren definitivamente, evitar que crezca la lista de muertos en sus socavones, y que no se afecte un metro más de sus tierras? ¿Cómo lograr que el Estado actúe para detener el desastre de esas minas e imponga el principio de autoridad? Que alguien responda.

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