Promesa incumplida

Promesa incumplida

Mayo 08, 2017 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Hace nueve años, la explosión de un carro bomba produjo daños en el Palacio de Justicia de Cali, afectando seriamente las instalaciones de las Fiscalía General de la Nación. Como producto de ese atentado, el organismo más importante para la investigación y el procesamiento de los delitos en la ciudad y el resto del Valle debió ser desperdigado por varias edificaciones, produciéndose un daño adicional y profundo a la administración de Justicia.

El efecto de esa dispersión de mil quinientos funcionarios en doce sedes distintas en oficinas o apartamentos residenciales ha sido nefasto para el manejo de los procesos, para la atención de los usuarios, para el bienestar de los servidores de la entidad y para la prestación de los servicios que debe ofrecer la Fiscalía. Así lo testimonian las autoridades de Policía que a veces no saben dónde llevar a los detenidos, los usuarios que no saben en qué lugar deben tramitar sus inquietudes y requerimientos o los mismos acusados y procesados, muchos de los cuales deben ser liberados por no tener las condiciones idóneas para su detención y su procesamiento.

Para solucionar los problemas, el Municipio de Cali le entregó en mayo de 2014 a la Fiscalía un lote de ocho mil quinientos metros cuadrados, ubicado al frente del Palacio de Justicia y en seguida de lo que será el complejo que alberga la Estación Central del MÍO. Y a su vez, la entidad se comprometió a levantar un complejo que resolvería los problemas y cumpliría con el deber de tener una sede digna y apropiada para prestar el servicio público.

Sin embargo, tres años después no hay solución a la vista. No ha sido posible poner en marcha el modelo de asociación público privada que se anunció para construir la edificación, en el presupuesto de la Fiscalía no existe partida alguna para adelantar la obra. Y mientras el lote sigue vacío y se habla de que el proyecto está suspendido hace un año, la incertidumbre parece ser la respuesta para una de las necesidades más apremiantes de Cali y el Valle.

Han transcurrido nueve años desde el atentado contra la sede de la Justicia en Cali y la Fiscalía no ha honrado su promesa de construir la sede ni le ha dado respuestas efectivas a las demandas que le han hecho las autoridades locales y los reclamos justos de la ciudadanía. Y que no se diga que el problema está en que no ha funcionado el modelo de asociación público privada, pues de lo que se trata no es de establecer un negocio que sea rentable para los inversionistas. Es ante todo el deber de responder a las obligaciones que fija la ley a las entidades para atender un servicio público del cual, entre otras cosas, depende la paz y la convivencia en Colombia.

Si bien el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no ha tenido responsabilidad en la promesa infringida, debe tomar cartas en el asunto. Desde hace muchos años, la Fiscalía tiene pendiente una deuda con Cali, con los funcionarios de la entidad que él dirige y con un servicio vital para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Ya es hora de cumplir con esa obligación.

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