Por una Fiscalía creíble

El nuevo Fiscal General, quien es un reconocido y prestigioso abogado de causas privadas, se encuentra ahora ante el deber de actuar en procura del interés público por tener una justicia transparente, efectiva y no discriminatoria.

Ayer se posesionó el doctor Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación para los próximos cuatro años. Detrás de él estará la obligación de devolver la entidad a la realidad que padece Colombia en materia penal y de castigo a la delincuencia, así como la expectativa de la Nación sobre su capacidad para sacar la Fiscalía del pequeño mundo en que la dejaron y ponerla al servicio de todos los colombianos.En su discurso de posesión, el doctor Martínez citó muchos de los efectos del mal servicio que presta la Justicia. Al declarar su intención de “romperle el espinazo a la impunidad”, reconoció que nuestro país es el tercero en el mundo. Las cifras que citó lo respaldan: Sólo el 6% de las noticias criminales registradas por la Fiscalía obtienen una sentencia condenatoria, lo que evidencia el fracaso en la aplicación de la rápida y cumplida justicia. Y los colombianos sólo denuncian el 24% de los delitos que ocurren en el país, lo que demuestra la enorme distancia entre el ciudadano y uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y de la paz de la sociedad. A eso hay que sumarle la evidente desviación del objetivo que la Constitución le fijó al ente investigador, muy distante por cierto al protagonismo permanente, a las pomposas embajadas en el exterior y al criterio selectivo que ha imperado en su dirección, llevando a que se piense que para la Fiscalía hay delitos de primera, de segunda y de aquellos que no merecen siquiera el inicio de una investigación. Y algo peor y más dañino: el creer que el Fiscal General debe ser protagonista de primer orden de la política y no el funcionario que debe dar resultados en la lucha contra las múltiples formas de criminalidad que padece nuestra sociedad. Uno de los aspectos más sensibles de la Fiscalía está en la crisis que padece el sistema acusatorio, que según conocedores está a punto de colapsar. El otro, es el relacionado con la confusa situación que experimentan los más de 20.000 funcionarios que trabajan allí, al punto en que la interinidad ha sido la constante. Y, de nuevo, la terca recurrencia a presiones clientelistas antes que a métodos serios y científicos para definir cómo y quién se encarga de cumplir la función que le fijan las normas a la entidad y a cada uno de los cargos.Todo eso y mucho más es lo que espera al fiscal Martínez. Él, quien es un reconocido y prestigioso abogado de causas privadas, se encuentra ahora ante el deber de actuar en procura del interés público por tener una justicia transparente, efectiva y no discriminatoria, basada en pruebas reales y no en declaraciones amañadas, cuando no compradas o inducidas por intereses políticos. A partir de ahora, al doctor Néstor Humberto Martínez le corresponde investigar y conseguir que la justicia condene a los delincuentes, mejorar los procesos para que la Fiscalía a su cargo se acerque al ciudadano del común y logre su colaboración y lograr que el Estado recupere una de sus funciones fundamentales, la de ser árbitro justo de la sociedad para que se pueda construir una verdadera y duradera paz en Colombia.