Por las víctimas

Mayo 26, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Por supuesto, la reparación no podrá abarcar la totalidad de los daños causados. Pero el esfuerzo será enorme en los próximos diez años, para un Estado que no dispone de grandes recursos. Ese es el significado de una ley que pone de presente ante el mundo y nuestro pueblo la voluntad de cerrar las heridas que dejan hasta ahora los violentos".

Quizás en la historia reciente de Colombia y el mundo no se haya producido un hecho que demuestre el deseo de paz y reconciliación de una Nación, como la aprobación en el Congreso de la República de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La casi unánime votación de todas las fuerzas políticas con asiento en el Legislativo demuestra la voluntad nacional de restañar las heridas que deja la prolongada y destructiva violencia sufrida por nuestro país en las últimas décadas. Y si bien debe reconocerse el esfuerzo realizado por algunos partidos, la decisión no puede usarse para exclusiones injustas o sectarias. Ésta no es una convocatoria nueva. Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la discusión abierta fue posible, generosa y fecunda, dirigida a producir el efecto que nuestra Nación está esperando: la posibilidad de que el Estado como representante de la sociedad reconozca los daños que ha producido el prolongado conflicto, sin que ello implique otorgarles reconocimiento alguno a los grupos ilegales que viven del terrorismo y atacan a la población. Y la necesidad de realizar actos que vayan más allá de las palmaditas en la espalda de las víctimas, para comprometer el respaldo efectivo de los recursos públicos que permita resarcir de manera real algo de sus padecimientos. Superada la discusión sobre el reconocimiento del conflicto, y fijados los límites financieros a los que se puede llegar, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se empeñó en superar los obstáculos normales en un debate democrático y en sacar adelante la iniciativa. Por supuesto, la reparación no podrá abarcar la totalidad de los daños causados. Pero el esfuerzo será enorme en los próximos diez años, para un Estado que no dispone de grandes recursos. Ese es el significado de una ley que pone de presente ante el mundo y nuestro pueblo la voluntad de cerrar las heridas que dejan hasta ahora los violentos. Se cumplió así la primera etapa de un proceso que debe ser destacado por sus características. En primer lugar, porque su objetivo es la reparación a las víctimas y la restitución de las tierras que les arrebató la violencia desde 1991, y porque se hace sin que haya antes un proceso de negociación o exista una presión internacional que lo haya presionado. Y en segundo término, porque fue producto de un ejercicio democrático, donde todas las vertientes políticas y del pensamiento fueron escuchadas y tuvieron espacio para participar. Un ejemplo sobre lo que se puede lograr cuando existe voluntad política para construir la convivencia. Ahora sigue la etapa de aplicar la ley y asegurarse de que se cumpla el objetivo, para lo cual deben crearse instituciones idóneas y mecanismos jurídicos que hagan realidad el propósito. Es de esperar entonces que el manejo de los recursos se realice de manera transparente y eficaz. Y que se proteja a las verdaderas víctimas del oportunismo y la avidez de la corrupción y la politiquería. Una vez se logre ajustar la Ley de Justicia y Paz a las necesidades del país, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será herramienta eficaz para lograr la anhelada reconciliación de Colombia.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad