Por la transparencia

Por la transparencia

Febrero 26, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

A doce días de realizarse las elecciones del Congreso de la República y las consultas sobre candidatos presidenciales, las reglas de juego para asegurar un evento más transparente y desterrar los vicios tradicionales de la política son de nuevo materia de análisis.

Es claro que Colombia sigue teniendo un sistema electoral vetusto que no refleja las nuevas realidades, y que la compleja legislación sobre la materia es una colcha de retazos que en muchas ocasiones se presta para evitar que se descubran los ilícitos o en tantas otras se evite aplicar las sanciones que existen en el papel. No es extraño que esto ocurra, cuando quienes legislan sobre la materia son a la vez quienes participan en los comicios para recibir el mandato popular.

No obstante, debe reconocerse que se han tomado medidas importantes dirigidas a dar claridad a asuntos tan preocupantes como el monto y la financiación de las campañas. Junto con el desmantelamiento de los partidos como controles a la actividad política de sus integrantes, el factor dinero es hoy una de las principales fuentes de desequilibrio, además del mecanismo que corrompe lo que debiera ser un ejercicio libre de corrupción y de interferencias ajenas a la democracia.

Ya es historia que la escogencia de candidatos se haga mediante mecanismos idóneos para mantener la ideología y la responsabilidad de los partidos durante los procesos electorales y después, en el ejercicio de las funciones adquiridas por sus aspirantes electos. Con muy pocas excepciones, esa aspiración fue reemplazada por múltiples empresas electorales, una competencia feroz que obliga a echar mano a cualquier recurso para tener acceso a una curul.

De ahí que la Procuraduría General de la Nación haya lanzado una alerta sobre el incumplimiento en los informes financieros de las campañas para las elecciones del próximo 11 de marzo. Y ante los escándalos que se han presentado por la interferencia de recursos de dudosa procedencia, o de aquellos que han sido donados de buena fe pero no se declaran, se hayan emitido normas para convertir en delito lo que antes eran infracciones administrativas que se quedaban impunes.

Son cinco prácticas las que ahora se consideran delitos. La violación del tope en los gastos debe impedir que se produzcan fenómenos como el que una campaña para el Senado valga cinco mil millones de pesos, y que esos dineros se usen en la compra de votos y de líderes en toda la geografía nacional. También serán procesados penalmente quienes se hagan elegir estando inhabilitados por la Justicia, la Contraloría o la Procuraduría, así como la financiación de dineros de procedencia ilícita o que no hayan sido declarados con arreglo a las normas.

Así se da un paso importante en la limpieza de las elecciones, hoy afectada por la ausencia de controles y de sanciones reales a quienes cometan esa clase de conductas. Faltan la voluntad política para perseguir a sus autores y el aporte de quienes tengan conocimiento de hechos que atentan contra la transparencia que debe tener el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

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