Por buen camino

En cuatro años el Plan Jarillón ha conseguido lo que parecía imposible: recuperar el dique que protege a Cali de posibles inundaciones del río Cauca. La tarea en la que ha sido fundamental el compromiso de la Administración Municipal, aún no concluye.

Por ello es necesario que la razón prevalezca sobre los intereses de quienes continúan poniéndole trabas a un proyecto con el cual se evitará que la capital del Valle enfrente una tragedia. El trabajo que se ha hecho desde el 2014, cuando entró a operar el Plan, ha permitido despejar el 72 % de los 26,1 kilómetros que abarca la barrera construida hace 60 años por la CVC para evitar que un desbordamiento del río Cauca afectara la ciudad. En esos 18,8 kilómetros recuperados se avanza en el reforzamiento del dique así como en la erradicación de la hormiga arriera, que junto a las invasiones ilegales se convirtieron en la causa del debilitamiento de ese muro de contención.

La parte más difícil, a la vez generadora de conflictos e intervenciones indebidas de quienes por décadas buscan réditos políticos y económicos en esta situación que pone a Cali en riesgo, ha sido desalojar a las familias que se asentaron en el jarillón. De las 8777 censadas ya 4248 fueron reubicadas y, si se logran superar las trabas jurídicas y sociales, a mediados del 2019 la tarea debe estar completa.

Ese es precisamente el mayor problema al que se ha enfrentado la recuperación del dique. La avalancha de tutelas ha sido imparable desde que se supo que era necesario reforzar el jarillón, única forma de impedir un desastre que afectaría al 80 % de la ciudad si la barrera llegara a ceder por el desbordamiento del río Cauca. En los últimos cuatro años se ha presentado 396 acciones judiciales, de las cuales un 86 % han sido falladas a favor del Municipio. Resolver las que están pendientes es urgente, ojalá así lo entiendan los jueces encargados de emitir las sentencias.

Porque el Jarillón no da más espera ahora que se lograron superar esos años aciagos en los que varias administraciones locales le dieron la espalda a lo que sucedía, que no era solo el debilitamiento del dique sino el problema social que generó el asentamiento ilegal de miles de familias, en su mayoría inmigrantes y la tolerancia con prósperos negocios ilegales. A ello se sumaron los muchos intentos de algunos dirigentes políticos de explotar la ausencia del Estado, que llegaron hasta llevar servicios públicos a donde no se debía o permitir la construcción de edificaciones en sectores vulnerables, lo que junto a la presencia de las hormigas arrieras o la proliferación de basuras aumentó el riesgo.

Llegar a donde se ha llegado es una muestra de cómo con compromiso y voluntad los problemas de Cali se pueden resolver. Por eso la recuperación del jarillón del Cauca no puede detenerse, hay que apoyar al Municipio y escuchar a quienes quieren salir de allí pero no ven claras sus opciones, sobre todo en vivienda y empleo. A ellos hay que darles soluciones en la medida de lo posible y evitar que sigan manipulados por quienes sólo buscan su beneficio así pongan en riesgo a los caleños.
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