Política y violencia

"...la corrupción se queda pálida ante la presencia permanente de la violencia en la política del Municipio y la interferencia del narcotráfico en los procesos electorales, secreto a voces que ha rondado a Yumbo por muchos años...".

Por enésima vez, la muerte se aparece en las campañas políticas de Yumbo. Y la gente vuelve a preguntar qué pasa en ese Municipio y por qué las autoridades no han hecho lo necesario para desbaratar el entramado que se apoderó de la política en la capital industrial de Colombia. Así el diputado a la Asamblea del Valle, Fernando Vargas, haya despedido a sus escoltas momentos antes de su asesinato, éste no puede adjudicarse a la imprudencia de su decisión. Eso sería ignorar sus palabras en un programa de televisión donde denunció la existencia de factores que enrarecen las elecciones en Yumbo. Y es desconocer la historia reciente de un municipio donde la presencia del narcotráfico ha sido denunciada por muchos, aún a costa de tener que abandonar su pueblo e incluso de su vida amenazada por el hecho de contar lo que allí ocurre. También es desconocer que la corrupción ha sido y es protagonista de primer orden en uno de los municipios con mayores fuentes de recursos en el Valle y en Colombia. Por eso no es extraño que se hayan destituido seis alcaldes en los últimos ocho años, mientras la ciudadanía presenta un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Allí está demostrado que la administración de Yumbo parece condenada a ser botín de intereses individuales, lo que le impide cumplir con las obligaciones que le fija la Constitución Nacional y los deseos de los yumbeños.Sin embargo, la corrupción se queda pálida ante la presencia permanente de la violencia en la política del Municipio y la interferencia del narcotráfico en los procesos electorales, secreto a voces que ha rondado a Yumbo por muchos años. De ello son muestra los asesinatos de Rafael Uribe y Jairo Romero, dos aspirantes a la Alcaldía, en los últimos seis años. Y qué decir de las amenazas contra líderes, dirigentes cívicos e incluso funcionarios que han huido ante los riesgos que corren sus vidas si actúan o denuncian a quienes ponen a la autoridad municipal al servicio de causas criminales. Así mismo, hay que referirse a la ausencia de decisiones para atacar el crimen y la corrupción que golpean a Yumbo y a su gente. Ya parece inexplicable que la actividad pública de ese Municipio continúe padeciendo a esa violencia, a pesar de que las autoridades conocen lo que allí acontece durante más de una década. Y que no haya una actuación decidida del Estado para erradicar esos factores y proteger el interés común de las mafias que destruyen la convivencia y asaltan el erario.Por eso hay que pedir decisiones para sacar a Yumbo de la encrucijada mortal en que la han metido los criminales que asesinaron al diputado Vargas y tienen amenazados a otros siete dirigentes. Entendiendo la intención del gobernador, Francisco José Lourido, al proponer la suspensión de las elecciones mientras se supera el momento causado por la violencia, es necesario recordar que las autoridades deben garantizarles a los yumbeños el ejercicio de sus derechos. Lo que significa que deben descubrir y castigar a quienes por años han manchado de sangre y corrupción a ese Municipio vallecaucano.