Política e instituciones

Incapaz de lograr reformas que reflejen el deseo de cambio y la necesidad de cerrar las puertas a la corrupción, la política colombiana dio pasos acelerados hacia la desinstitucionalización en el 2017. Aunque ya estamos a pocos meses de renovar los cargos de representación popular a nivel nacional, la crisis de los partidos y el desinterés de los ciudadanos contrastan con el debilitamiento de las instituciones para evitar el vacío de Estado que conduce al reiterado surgimiento de conflictos y conductas antisociales.

La crisis de la política nacional ha sido evidente durante muchos años. Ella se inició cuando las ambiciones personales empezaron a imponerse sobre la necesidad de tener partidos y organizaciones que representaran a las comunidades y sirvieran de voceras de la voluntad popular. A cambio, lo que se ha consolidado es la empresa personal y la financiación interesada de contratistas y toda suerte de intereses en muchas ocasiones no lícitos que desvirtúan el debate democrático, dan paso a las negociaciones que no responden a una posición de partido y desmoronan tanto el interés como la confianza de los ciudadanos.

Lo ocurrido en el presente año es más que demostrativo. En los primeros meses se suponía que los acuerdos del Gobierno Nacional con las Farc debían ser respaldados por una en apariencia sólida coalición que sacaría avante las iniciativas para desarrollarlos. Pero llegó el segundo semestre, empezó la campaña para las elecciones del Congreso y esa mayoría se fue deshaciendo, lo cual llevó a que muchos de esos proyectos se hundieran y a que el país terminara siendo escenario de una batalla leguleya por sacar adelante las 16 curules que se hundieron en una polémica votación.

Y aunque los partidos mantuvieron su facultad para otorgar avales, en la práctica quedaron como entes vacíos, carentes de contenido y autoridad para fijar lineamientos y elaborar propuestas. Además, la iniciativa de reforma a la política presentada por una comisión creada en desarrollo de los acuerdos de La Habana fue desconocida y se quiso utilizar para hacer cambios que sólo beneficiaban a los aspirantes a la reelección en el Legislativo.

De ahí que se presentaran más de cincuenta aspirantes a la Presidencia de la República, muchos de los cuales recogieron más de quince millones de firmas para inscribir su candidatura. Es una política atomizada, desperdigada en centenares de listas y miles de nominados al Congreso, muchos de los cuales aprovechan la fragilidad de las instituciones electorales y la debilidad o la casi extinción de los partidos, lanzando un mensaje que desmotiva el compromiso.

Así, la corrupción que surge del clientelismo crece de manera ofensiva a través de la compra de votos, mientras la provincia colombiana vuelve a sentir los embates crecientes del narcotráfico y la delincuencia, a causa de la debilidad del Estado para combatirlos. Es la política más entendida que se niega a cambiar, evade sus responsabilidades, aleja al ciudadano y debilita la capacidad de sus instituciones para atender las necesidades de la Nación.