Para no olvidar

El pueblo fue reubicado seis años después, pero el abandono, la ausencia de servicios públicos, la falta de educación, de salud y de oportunidades son la constante entre los sobrevivientes de una masacre que no debió producirse jamás.

Mañana se cumplen diez años de la masacre cometida en la Iglesia de Bojayá, Chocó, donde la insania de la violencia dejó 79 muertos, 48 de los cuales eran menores de edad. Tiempo suficiente para establecer las responsabilidades de quienes causaron la enorme tragedia y comprender cuál es el papel que debe cumplir el Estado en defensa de los derechos de la gente.La masacre fue consecuencia del enfrentamiento entre las Farc y un grupo de paramilitares, 200 hombres que se desplazaron por el río Atrato. Es decir, comenzó por lo menos diez días antes cuando tanto la Diócesis de Quibdó como la Acnur y la Procuraduría General de la Nación emitieron las alertas tempranas sobre la confrontación que por dominio territorial estaba a punto de producirse entre las dos organizaciones criminales.Y se produjo porque el Estado no reaccionó a tiempo y como debía hacerlo. 200 miembros de las AUC desembarcaron en Buenavista, cabecera de Bojayá, y usaron a la población como escudo protector contra la reacción de las Farc a la cual pretendían arrebatarle el control que mantenían en la zona por la ausencia de la Fuerza Pública. Ante la guerra desatada, alrededor de 300 personas buscaron refugio en la iglesia. En la mañana del 2 de mayo de 2002, uno de los cuatro cilindros de gas cargados de explosivos y disparados por las Farc cayeron sobre ellos, ocasionando una de las peores tragedias en la historia de Colombia. Pero la violencia no terminó ahí. Se prolongó con saqueos y toda clase de atropellos contra los derechos más elementales de la gente, hasta que el Ejército llegó cuatro días después cuando se pudo evacuar a las víctimas y descubrir la magnitud del holocausto causado por la suma de una guerra entre criminales y un Estado incapaz de reaccionar. La consecuencia más inmediata fue el reconocimiento universal como grupo terrorista a las Farc y la necesidad apremiante de perseguir al paramilitarismo como coautor de la violencia. Después, la condena al Estado, algunas sentencias a los miembros de la guerrilla que causó la tragedia y ninguna a los miembros de las AUC que participaron en ella, son el resultado de la actuación de la Justicia en Bojayá. Y empezó la segunda parte de un drama que no parece terminar. El pueblo fue reubicado seis años después, pero el abandono, la ausencia de servicios públicos, la falta de educación, de salud y de oportunidades son la constante entre los sobrevivientes de una masacre que no debió producirse jamás.Mañana se cumplirán diez años del estallido de la bomba en la iglesia de Bojayá, donde murieron 79 seres humanos, entre ellos 48 menores, y 93 más quedaron heridos. Sin duda, la responsabilidad directa de los salvajes hechos recae en las Farc y los paramilitares. Pero lo más importante, además de atender a las víctimas y reconstruir su vida como debe ser, es saber si el Estado y la sociedad han asumido la lección que deja la terrible tragedia. Y si los colombianos estamos preparados para impedir que la violencia y la barbarie sigan destruyendo nuest