Para cambiar la política

Para cambiar la política

Agosto 06, 2017 - 07:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Reformar el ejercicio de la actividad política es una necesidad para mantener y mejorar la democracia. Por eso, el debate debe ser abierto y profundo, de tal manera que se logre involucrar a los colombianos en él.

El próximo lunes, el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso una versión corregida y aumentada del proyecto que dio a conocer en la legislatura anterior. Según se sabe, deberá ser tramitada mediante el procedimiento del Fast Track que autoriza el Acto Legislativo para la Paz, lo que da a entender que forma parte de los acuerdos con las Farc.

Sin embargo, una lectura de su articulado demuestra que casi todos sus elementos están dirigidos a cambiar la forma de desarrollar la política tradicional y muy poco para asegurar la participación en política de los guerrilleros desmovilizados. Además, empieza por crear un requisito polémico, como lo es el que se deba demostrar el ejercicio del voto en las elecciones para poder ejercer un cargo oficial.

Dentro del articulado se insiste en crear una nueva jurisdicción, que se entregará al Consejo Nacional Electoral que resulte de la reforma propuesta, el cual será integrado por nueve magistrados, tres de los cuales serán designados por el Presidente de la República. Es decir, además de quitarle atribuciones al Consejo de Estado como juez de todos los actos administrativos, se le estará entregando al Presidente un poder determinante en la vigilancia de la función electoral de la cual se origina su designación.

Y se establecen también cambios como limitar el número de veces que podrá ser elegido un Legislador, algo que ya ha sido debatido con largueza y que parecía haber sido descartado por su inconveniencia. Además, se crea un umbral del 0,2% del censo electoral como forma de dar participación a las minorías, lo que asegura la atomización de la política, al exigir sólo 70.000 militantes para formar un partido con derecho a integrar el Congreso.

En materia de financiación de las campañas, la propuesta sugiere aumentar la participación de los recursos públicos en ella, como manera de minimizar el daño que ha producido la ausencia de límites que existe hasta ahora y de evitar la plutocracia que está causando graves daños. Por sí solo, ese elemento demanda una discusión amplia, puesto que allí está una de las claves de la corrupción y del deterioro en la credibilidad y en la transparencia de la democracia en nuestro país.

Dentro de la iniciativa existen otras tantas propuestas que deben ser objeto de análisis. Pero lo descrito arriba muestra a las claras que el asunto tiene muy poco que ver con los acuerdos con las Farc. Además, y como se percibe en algunos sectores de los partidos existentes, puede ser usada para incluir elementos como la autorización para cambiar de militancia, o ‘transfuguismo’, aunque el Gobierno afirme que está descartado.

Así, la reforma propuesta no parece ser la solución que la Nación espera. Sin duda, se necesitan cambios que acaben el clientelismo y la corrupción, y que le devuelvan la confianza a la política y a quienes la ejercen. Eso es lo que reclaman los colombianos.

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