Otra excepción a la Ley

Otra excepción a la Ley

Octubre 25, 2017 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

El Gobierno Nacional presentó ayer un proyecto de ley dirigido a facilitar la desmovilización del llamado Clan del Golfo, una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico. Aunque debe reconocerse el interés por terminar el grupo delincuencial, es necesario precisar si la intención de incluir excepciones a la ley por la vía del fast track se corresponde con la naturaleza de ese grupo y sus actuaciones.

El proyecto que se presentó ayer ante el Congreso empieza por crear una nueva definición que reemplaza la de Bandas Criminales o Bacrim, en uso hasta ahora. A partir de la aprobación, se llamarán Grupos Armados Organizados, GAO, y Grupos Delictivos Organizados, GDO. Es la forma de determinar también una nueva manera de enfrentar los grupos de delincuentes comunes, en especial aquellos dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal.

A pesar de que en la iniciativa se expresa que no tendrán reconocimiento político, el hecho de crear una legislación especial puede darles esa característica. Más aún, si les brinda un tratamiento especial a quienes se acojan a la nueva norma, reconociendo sus crímenes, delatando sus cómplices y entregando bienes producto de sus actividades ilegales, caso en el cual les permitirán quedarse con el 5% de su valor total.

También se establece un procedimiento especial, más ágil según parece deducirse de su contenido, en el cual tendrá un papel importante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, vuelve a aparecer la incógnita sobre si en la práctica es posible aplicar esos mecanismos en todo su propósito para que no se conviertan en fuente de impunidad para quienes han cometido toda clase de delitos comunes, han dejado miles de víctimas y han ocasionado innumerables violaciones a los Derechos Humanos por el sólo interés de enriquecimiento.

Aunque se debe reconocer la buena intención del proyecto, también es momento para atender las dudas que despiertan los antecedentes de ese tipo de medidas. La experiencia de los acuerdos con el cartel de Medellín y su máximo jefe en los años 90, así como las frustraciones que ha dejado la Ley de Justicia y Paz en la desmovilización de los grupos paramilitares hacen reclamar que existan límites claros y requisitos explícitos para impedir que la delincuencia común burle la ley y evite el castigo que merece por sus fechorías.

Así ahora se les quiera cambiar la denominación, es necesario recordar que son criminales comunes y corrientes. Y también se debe llamar la atención sobre la posibilidad de que cualquier banda de crimen organizado pueda tener acceso a una nueva excepción al ordenamiento jurídico, al parecer, la manera más fácil de acabar con esos fenómenos antisociales.

También queda una gran preocupación sobre la forma en que será tramitada la iniciativa. Si bien el Gobierno Nacional indicó que para el efecto se aplicará el mecanismo del fast track, no está claro que ella tenga efectos en el desarrollo del acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc, lo que arroja más dudas e inquietudes que certezas para los colombianos.

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