No más paro camionero

"Cuarenta días después de iniciado, el paro de camioneros sólo deja pérdidas para todo el país y desafíos inaceptables para las instituciones. La paciencia se ha agotado, y lo que se espera es que el Gobierno haga uso de la autoridad que le confiere la Constitución y respalda la inmensa mayoría de la Nación, para restablecer el orden".

Cuarenta días después de iniciado, el paro de camioneros sólo deja pérdidas para todo el país y desafíos inaceptables para las instituciones. La paciencia se ha agotado, y lo que se espera es que el Gobierno haga uso de la autoridad que le confiere la Constitución y respalda la inmensa mayoría de la Nación, para restablecer el orden.Lo que se sabe es que las conversaciones han llegado a un punto muerto causado por la insistencia del grupo de huelguistas en reclamos imposibles de cumplir, como elevar los fletes, rebajar los precios de los combustibles y negarse a reducir el parque automotor para impedir el exceso de oferta. Pero además, porque se han descubierto maniobras fraudulentas que impiden controlar la chatarrización y el manejo de las matrículas, según se ha conocido en las últimas semanas.Por si fuera poco, en todas partes hay evidencias de que los organizadores del movimiento no representan la voluntad de la mayoría de los transportadores, por lo cual están haciendo uso de la violencia con tal de lograr que la extorsión que producen la escasez y la carestía obligue a ceder en puntos imposibles. Eso está latente en la vía a Buenaventura y en los centenares de camiones que han sido dañados por quienes ahora dicen que ese vandalismo no es autorizado por ellos, a pesar de las llamadas interceptadas por las autoridades que indican lo contrario.Esa extorsión lleva cuarenta días causando daño y generando incertidumbres. Y va camino a volverse crónica si no se ejerce la autoridad para restablecer el orden y castigar la violencia que se adelanta contra los mismos camioneros. Por eso, ya no es el momento para seguir armando caravanas rodeadas por la Fuerza Pública. Ahora, la orden del Presidente de la República debe ser aplicada de manera inmediata, para evitar más daños e impedir que se repitan incidentes como el que involucró al Gobernador de Boyacá, cuyo vehículo fue atacado y luego se accidentó cuando se dirigía a dialogar con los huelguistas.De otra parte, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez declaró ayer que desde hace varios años existen procesos investigativos contra un grupo de transportadores de gran poder económico, cuyo líder usa la protesta para proteger sus intereses económicos y lograr perdones imposibles a ciertas irregularidades demostradas con suficiencia por las autoridades. Otro argumento más para contener un movimiento que, además de crónico, no parece encaminado a defender el bien común sino a entorpecerlo.De nuevo, hay que repetir que nuestra Constitución está llena de derechos y de garantías para ejercerlos, entre ellos la protesta social. Pero ello también tiene límites cuando se desconocen los derechos colectivos y, peor aún, se usan para imponer intereses particulares. Si ese es el caso, el Estado debe actuar para restablecer el orden y la vigencia del interés general. Nadie está autorizado para usar la fuerza contra la sociedad. Y mucho menos, para causarle daño, tratando de dar a entender que la ley les permite usar la violencia y la extorsión para defender sus negocios particulares.