No al manoseo

Ofreciendo más obras que se financiarán con los recursos que dejan los peajes de la malla vial del Valle, la Agencia Nacional de Infraestructura hizo saber que los proyectos en la región se dividirían en tres concesiones y podrían ser licitados a partir del 2020. Es decir, tendremos que esperar otro año para saber si esos trabajos, comprometidos desde hace muchos años, se pueden hacer a partir del 2021 o tendrán que esperar mucho más tiempo.

Lo ofrecido ahora coincide con lo que el director de la ANI de entonces había anunciado en junio de 2018 y fue cambiado en septiembre pasado por funcionarios del nuevo gobierno. Quiere decir que volvemos a tener tres concesiones y no una como lo dijeron quienes modificaron el procedimiento, una clara demostración de lo que significa para las regiones el cambio de gobierno.

Es decir, se perdieron once valiosos meses en regresar a una alternativa suficientemente estudiada y analizada por la misma ANI, presionada a su vez por los aplazamientos constantes y la falta de definiciones sobre obras como la terminación de la vía Buga Buenaventura. Sólo que ahora se habla de ella como una expectativa que se podría concretar en el próximo año y no como el hecho cierto que están esperando los vallecaucanos.

Las declaraciones del presidente de la ANI dan a entender que los recursos de los peajes que se cobran en el Valle y acumula el Instituto Nacional de Vías sin revertirlos en el mantenimiento de la malla vial, serán aplicados a propuestas como la construcción de accesos a Cali. Es decir, desde Bogotá se nos informa un nuevo cambio en su destinación, sin que para tal decisión se haya consultado a la región o a las autoridades departamentales y municipales.

Es otra vez el asfixiante centralismo que impide definir las prioridades de las regiones y satisfacer sus necesidades. Por ello, un derrumbe como el que presenta la vía a Buenaventura en el kilómetro 89 no tiene respuestas, su solución se enreda en demoras justificadas desde las oficinas en la capital que reclaman estudios, y se utiliza para diluir en el tiempo la obligación del Estado colombiano de cumplir los compromisos adquiridos sin importar que la decisión de construir esa vía se haya tomado hace más de veinte años.

Tal situación es inaceptable para el Valle y debe ser reclamada como corresponde por los sectores públicos y privados. Es inexplicable que desde Bogotá se sigan recibiendo evasivas y respuestas poco claras frente a los problemas que presenta tanto la vía a Buenaventura como las necesidades que se cubrirán con los peajes, así como la utilización de los recursos recaudados y la falta de voluntad para decidir cómo se hará el mantenimiento de la malla vial.

Es pues la hora de unir los esfuerzos del Valle y del suroccidente colombiano para exigir respuestas claras sobre la forma en que la Nación asumirá sus obligaciones frente a la infraestructura vial de la región. Y de hacer sentir su peso para evitar el manoseo que utilizan quienes desde el centralismo evitan dar respuestas claras a las demandas de esta parte de Colombia.
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