No a la impunidad

No a la impunidad

Febrero 21, 2018 - 11:45 p.m. Por: Editorial .

Así como el Estado colombiano presenta debilidades notorias en la persecución al crimen, el enjuiciamiento de sus responsables y la sanción ejemplarizante para ellos, la libertad o medidas como la casa por cárcel que otorgan los jueces a delincuentes reconocidos se han convertido en la puerta trasera que da paso a la impunidad. Es lo que hace reclamar rectificaciones que impidan la burla a la ley y el mal ejemplo a la sociedad.

Hace unos días, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer el listado de las 300 personas con mayor cantidad de procesos penales por delitos contra la propiedad privada. Para sorpresa de todos, hay hombres y mujeres hasta con 43 entradas a la cárcel, muchos con condenas, que gozan de libertad porque algún juez se las concedió de forma provisional debido a enfermedades o vencimientos de términos.

En otros casos, se trata de condenados o acusados que reciben el beneficio de la casa por cárcel a pesar de sus extensos prontuarios. Es decir, las normas, las dificultades para aplicarlas o la laxitud en no pocas ocasiones sospechosa de quienes deben ante todo proteger a la sociedad de los delincuentes, se han transformado en una aberrante forma de otorgarles la libertad a quienes han demostrado su intención de continuar cometiendo fechorías.

Una señora que tiene 43 entradas a la cárcel por hurtos, un hombre de apenas 35 años que ha sido detenido 32 veces por robo de celulares, una pareja acusada de 20 atracos y robos de motos, o dos sujetos con 38 capturas por hurto agravado. Todos andan en la calle, y varios usan medidas como la detención domiciliaria para seguir burlando su obligación de responder por los delitos que cometen.

Con razón, la Fiscalía empezó una campaña para identificar en público a quienes son un peligro público, y varios de ellos ya han sido capturados en las últimas horas. Pero es el momento de preguntarles a quienes permiten esa forma de impunidad si son conscientes del mal que producen al permitir que se eludan las leyes a pesar de su evidente e innegable peligrosidad, además de la desmotivación que producen en el ciudadano al darle a entender que el leguleyismo se imponga a la denuncia oportuna o a la actividad oportuna de la Policía y de la Fiscalía.

Es lo mismo que se produce cuando se permite que los acuerdos por colaboración, que en muchos casos no tienen en cuenta la gravedad de los delitos, se conviertan en la posibilidad de mantener las riquezas adquiridas en forma fraudulenta, ya sea cometiendo atentados contra la administración pública o montando esquemas de captación ilegal que defraudan a los ahorradores. En todos los casos se da la señal de que el delito sí paga.

Cuando se usa la legislación con criterios que se alejan de aplicar justicia a quien comete un delito, la señal es equivocada. Y la desmoralización es la reacción que se produce en la sociedad, incentivando la resistencia a denunciar los delitos y motivando a que se produzca la justicia por mano propia.

Por eso hay que decirle no a la impunidad.

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