Negocios y diplomacia

Como era de esperar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretó la liquidación de Electricaribe. Lo que sigue es la demanda ante los tribunales por los reclamos de su propietario, e impedir que las diferencias se conviertan en una batalla entre Estados y de presiones políticas inaceptables.

Luego de constatar el incumplimiento de Unión Fenosa en sus obligaciones y atendiendo los requerimientos de dos millones setecientos mil usuarios en siete departamentos del Caribe, la Superintendencia intervino a Electricaribe el pasado 15 de noviembre pasado. En cuatro meses, la entidad constató la incapacidad financiera y administrativa de esa empresa para cumplir con sus clientes y honrar sus obligaciones.

Las cifras son contundentes: deudas por dos billones de pesos a entidades financieras, a las generadoras por suministros de energía que superan los quinientos mil millones y un pasivo laboral superior al billón de pesos, deben sumarse a los constantes apagones producidos entre otras razones por la falta de inversión en el mantenimiento y renovación de las redes. A todo ello se agrega la negativa de su propietario a inyectarle los recursos necesarios para mantener su operación, confiando quizás en que el Estado colombiano acuda en su auxilio.

Por eso, la Superintendencia ordenó la liquidación. No es una expropiación sino el resultado del fracaso de la empresa y la obligación de la entidad de garantizarle el suministro de electricidad a todos los usuarios que dependen de Electricaribe. Por supuesto, cabe la posibilidad de acudir a la Justicia colombiana para dirimir los conflictos jurídicos o, como lo anunció el poderoso conglomerado español, de presentar las demandas del caso ante el Centro Internacional de Arbitraje de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, del Banco Mundial.

Hasta allí, todo está dentro del marco esperado en una controversia nacida del incumplimiento en la prestación de servicios públicos que deriva en demandas de una entidad particular, Unión Fenosa, y el Estado colombiano. Lo que no puede dejarse prosperar es el intento de involucrar al gobierno de España y a la Unión Europea en un litigio dirigido a presionar a nuestro país por la vía política y diplomática para que acepte las pretensiones del contratista mencionado.

Es claro que las autoridades nacionales han respetado los derechos de Unión Fenosa, pero cumplen con su obligación de garantizar los de los usuarios. Lo que ha hecho la Superintendencia es aplicar la legislación y decretar la liquidación de Electricaribe para poder solucionar la crisis que significa mantener los cortes continuos y los perjuicios que se les causa a diez millones de personas.

Por ello, hay que dejar en claro que una intervención del gobierno español o de la UE es inaceptable. Igual debe decirse del argumento de Unión Fenosa según el cual nuestro país no es seguro para la inversión extranjera. Para resolver la diferencia están los órganos judiciales y los tribunales de arbitramento, y no los gobiernos que conocen el respeto de Colombia a los derechos adquiridos con justo título.