Minería, ¿sin Dios ni Ley?

Enero 16, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"La multinacional Drummond adoptó una actitud desafiante contra el Estado y las normas ambientales, tratando en varias oportunidades de desconocer la competencia de las autoridades y dilatando el cumplimiento de sus obligaciones".

Quince años después de iniciar operaciones en Colombia, la Drummond debió suspender sus labores para satisfacer su compromiso de respetar la legislación nacional que protege el medio ambiente. Tres lustros en los cuales lo que debió ser un consenso para extraer la riqueza carbonífera a la vez que se tomaban medidas para evitar el daño ecológico, se transformó en una disputa permanente por hacer que la empresa multinacional asumiera sus responsabilidades. Enero se inició con la alarma nacional ante la continuidad del transporte hacia los buques mediante barcazas del carbón que la empresa extrae en el norte del país, desconociendo su compromiso de reemplazar el sistema, obsoleto y depredador del medio ambiente, por uno que cumpliera con las normas ambientales. Esa alarma obligó al Gobierno Nacional a actuar, ante la posición displicente de la multinacional, que dio a entender su poca disposición a evitar más daño a la región, en especial, a Santa Marta, sus playas, el lecho del mar y el ecosistema. Se dispuso entonces cancelar la operación de las barcazas que hace un año vertieron 500 toneladas de carbón en la bahía de El Rodadero, por lo cual la Drummond pagó una multa, pequeña y casi risible si se compara con los beneficios económicos que recibe por la explotación del carbón en Colombia. Y adoptó una actitud desafiante contra el Estado y las normas ambientales, tratando en varias oportunidades de desconocer la competencia de las autoridades y dilatando el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, la demora en cerrar la operación de las barcazas que dañaron el equilibrio ecológico de la región, ha llevado además a que la Contraloría General de la Nación inicie un proceso de responsabilidad fiscal contra esa empresa, por los graves daños que ha ocasionado al medio ambiente, a la salud de los habitantes de Santa Marta, a lo que agregó cargos por la ampliación ilegal de un muelle de cargue de barcazas, de 150 a 589 metros, y el de embarcaciones menores de 32 a 50 metros. Lo cual da a entender que la legislación colombiana y los contratos no han sido merecedores del acatamiento por parte de la Drummond. Por supuesto, no falta quienes advierten el supuesto daño que causarán las sanciones a la imagen de Colombia ante la inversión internacional. Son quienes sueltan alarmas por doquier y pretenden reclamar que no se sancionen las violaciones a las leyes, alegando el daño económico que significará para el país la suspensión de las exportaciones, dando a entender que el perjuicio es inevitable y hay que aceptarlo con resignación, ante las ganancias que recibe el fisco nacional.A ellos hay que preguntarles cuánto le ha costado a Colombia la ausencia de una política que haga posible explotar los recursos mineros sin destruir el medio ambiente. Y cuánto le ha significado a la Nación la falta de principios éticos que eviten pasar del Gobierno a defender los intereses de las compañías mineras e impidan convertir a nuestro subsuelo en presa fácil de la explotación que arrasa y destruye el medio ambiente.

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