Minería criminal

Minería criminal

Agosto 22, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Por eso, si bien es cierto que los operativos sirven para demostrar el impulso que el Gobierno Nacional quiere darle a la nueva política contra la minería ilegal que anunció en julio pasado, su efectividad no se puede agotar allí ni pueden ser asumidos como mera propaganda oficial.

En el lapso de una semana, las autoridades han informado de dos operativos importantes contra la minería ilegal. El uno se llevó a cabo el 13 de agosto en inmediaciones del corregimiento de Bendiciones, en Buenaventura, y el segundo el pasado miércoles en Suárez, Cauca.En el primero se intervinieron 29 socavones y se detuvieron a seis personas, en tanto que en el otro se destruyeron cuatro retroexcavadoras y hubo tres capturas. Sin duda es un balance que representa una esperanza frente a esa actividad ilícita, pero que resulta insuficiente para detener los estragos que sigue ocasionando en la región y en el resto del país.Así lo demuestran las 17 mil hectáreas del territorio nacional que han sido deforestadas por esa causa y las 170 toneladas de mercurio que en el 2013 se liberaron al ambiente por esa misma razón, afectando al 60 % de las zonas hidrográficas que surten de agua a la mitad de los colombianos. Es una destrucción del medio ambiente que amenaza a las futuras generaciones. Para no hablar de los siete billones de pesos que cada año la guerrilla y otros grupos de delincuencia organizada obtienen como ganancia de la explotación de oro en sitios inhóspitos del país que cuentan con una riqueza natural de valor incalculable. Riqueza representada en cientos de especies de fauna y flora y que son arrinconadas o exiliadas de su hábitat por quienes no piensan en cosa distinta a la utilidad económica.Por eso, si bien es cierto que los operativos sirven para demostrar el impulso que el Gobierno Nacional quiere darle a la nueva política contra la minería ilegal que anunció en julio pasado, su efectividad no se puede agotar allí ni pueden ser asumidos como mera propaganda oficial.Las facultades dadas a la Policía para destruir maquinaria utilizada en la explotación no autorizada, el aumento de las recompensas para quienes informen de sitios donde se realice esa actividad y el nexo penal establecido entre ésta y delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo deben servir para que la protección de los recursos naturales sea una cruzada contundente y sostenida en el tiempo.Solo así se lograrán recuperar ecosistemas como la cuenca del río Dagua, que hoy encuentra en Zaragoza, Bendiciones y otras zonas rurales de Buenaventura un ejemplo de lo que el Estado nunca debió permitir en materia de destrucción de la naturaleza. Y de la infraestructura, dados los huecos que menoscaban la doble calzada desde Loboguerrero y la vía férrea.Males que se repiten en inmediaciones del río Ovejas, en norte el departamento del Cauca, para hablar solo del suroccidente del país, donde el daño ambiental ha venido acompañado del deterioro de las condiciones de vida de la población aledaña y, claro está, de la violencia.De ahí el llamado para que las autoridades no bajen la guardia en la lucha contra los grupos delincuenciales que pretenden enriquecerse o financiar otras actividades con la destrucción de las selvas y el envenenamiento de los ríos, en aras de practicar lo que el Presidente hizo bien en llamar “minería criminal”.

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