Memoria y solidaridad

Memoria y solidaridad

Abril 10, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Sin duda, es menester reconocer la responsabilidad. Pero también es necesario aceptar que el acatamiento de la ley es presupuesto fundamental para la existencia de ese Estado Social de Derecho que proclama nuestra Constitución. Lo que quiere decir que también es necesario educar a la sociedad en el respeto por los derechos ajenos y a la autoridad legítima como guardián de esa paz que todos, empezando por las víctimas, necesitamos".

Ayer se celebró en Colombia un día dedicado a un motivo inusual pero sin duda significativo: el de recordar a las víctimas del prolongado conflicto que ha desangrado la Nación, causándole daños en veces irreparables. Es también el día de recordar que mientras no haya una decisión de respetar el Estado como árbitro de la sociedad, la posibilidad de reconciliación seguirá distante. El Día Nacional de Memoria y Solidaridad nació de la Ley de Víctimas aprobada hace un año, con la cual se dio el paso crucial de reconocer la tragedia que ha causado la violencia y la responsabilidad de las instituciones en el resarcimiento a quienes han padecido el terror de la barbarie; a quienes perdieron su vida o a sus familares en las irracionales confrontaciones que en muchas ocasiones se visten de políticas para ocultar su contenido económico; a aquellos que han sido despojados de sus tierras, de su modo de vida y de su cultura, y hoy se hacinan en ciudades, a la espera de que se les haga justicia y se les devuelvan sus oportunidades. En desarrollo de las actividades programadas, el presidente Juan Manuel Santos dijo en Villavicencio: “Si nosotros logramos como sociedad reparar a nuestras víctimas y reconciliarnos, a este país no lo detiene nadie”. Así expresó su compromiso con el reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado en la tarea de llevar al país hacia la solidaridad como el gran instrumento para detener la espiral de la violencia. Para ello, la Ley de Víctimas ordenó destinar una suma superior a los cincuenta billones de pesos del presupuesto nacional en los próximos años para atender la restitución y el resarcimiento que surgen de esa ley. “No se puede pensar que seamos un Estado de Derecho, un Estado Social, si no tenemos a nuestras víctimas siempre en la cabeza, siempre en nuestro corazón, siempre en nuestras intenciones en cualquier decisión de política pública para que puedan rehacer sus vidas”, expresó el Mandatario. Cabría agregar que esa es una de las bases para lograr la salida que todos anhelamos. Pero que debe ser complementada con decisiones y acciones que impidan el regreso de esa violencia fratricida. Sin duda, es menester reconocer la responsabilidad. Pero también es necesario aceptar que el acatamiento de la ley es presupuesto fundamental para la existencia de ese Estado Social de Derecho que proclama nuestra Constitución. Lo que quiere decir que también es necesario educar a la sociedad en el respeto por los derechos ajenos y a la autoridad legítima como guardián de esa paz que todos, empezando por las víctimas, necesitamos. Es decir, que la otra responsabilidad consiste en desterrar todas aquellas formas de violencia que pretenden imponerse a la Constitución y la Democracia. Y por supuesto, con la tendencia perversa a admitirle vocerías a la ilegalidad, o conceder reconocimientos a quienes usan el terror y el crimen para imponer sus propósitos. Al hacerlo, Colombia le hará el mejor homenaje a las víctimas, además de asegurar ese futuro de paz y progreso que enunció el presidente Santos en Villavicencio.

VER COMENTARIOS
Columnistas