Más que una pelea

"El resultado es una pelea que ya no tiene reversa, así haya sido ocasionado por imprecisiones en la información que suministraron los interventores de la entidad de salud. De ahí surge la necesidad de que las instancias pertinentes de la Justicia actúen de inmediato y encuentren la verdad de lo ocurrido en Saludcoop".

La polémica entre la Contralora y el Fiscal General de la Nación ha adquirido tales dimensiones, que no basta con reclamar moderación para evitar el daño que ya le produjo a las Instituciones. Ante la gravedad de las acusaciones mutuas y por encima de los epítetos, lo que corresponde es hacer que funcione la ley para permitir que el país sepa cuál es el fondo de un asunto en el que está en juego la credibilidad del Estado. En anterior ocasión nos referimos a lo inconveniente del choque entre los máximos representantes del control fiscal y la persecución a los delitos y los delincuentes en Colombia. Ahora, lo claro es que las admoniciones del presidente Juan Manuel Santos y de muchos sectores de la opinión pública fueron rebasadas en forma amplia por la disputa. Denuncias van, desmentidos vienen, los hechos ahora llevan ya a reclamar la actuación de los órganos competentes para que establezcan cuál es la verdad y quién tiene la razón. El meollo del problema está en los hechos presentados en la Empresa Prestadora de Salud más grande del país, donde, según la Contraloría, se presentó un desfalco por más de $1,4 billones contra los recursos de la salud pública. Al parecer, y según las acusaciones conocidas, directivos de Saludcoop autorizaron o utilizaron esos recursos ya fuera para beneficiarse, para obtener ventajas prohibidas o para desviarlos hacia fines distintos a los autorizados por la ley. Además, y no menos importante, se inventaron procedimientos para hacer recobros ilegales y justificar reclamaciones al Estado, apelando a un grupo estelar de asesores en todos los ramos, incluido el jurídico.Todo eso está incluido en los documentos que adujo el órgano de control para adelantar el juicio fiscal que culminó con la condena conocida hace poco. Pero meses atrás había aparecido un forcejeo en el cual se produjeron allanamientos y acusaciones que anticiparon lo que venía. Al punto que la contralora Sandra Morelli recusó al Fiscal General y a su segundo, aduciendo entre otras razones la vigencia de un vínculo contractual entre Eduardo Montealegre y Saludcoop. El resultado es una pelea que ya no tiene reversa, así haya sido ocasionada por imprecisiones en la información que suministraron los interventores de la entidad de salud. De ahí surge la necesidad de que las instancias pertinentes de la Justicia actúen de inmediato y encuentren la verdad de lo ocurrido en Saludcoop. Más aún cuando se sabe que es inútil reclamar esa diligencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, conocida por su asombrosa capacidad de hundir en la impunidad profunda los casos que han sido puestos a su disposición. Ante la gravedad de los hechos, y además de exigir que cese la pugna entre la Contralora y el Fiscal, Colombia reclama que se llegue hasta el fondo del asunto y la Justicia actúe sin más demora para encontrar la verdad de lo ocurrido en Saludcoop, para sancionar a los culpables y tratar de recuperar los recursos públicos que se malversaron. Esa es la manera de evitar un daño mayor a la respetabilidad y la credibilidad del Estado colombiano.