Manos a la obra

Agosto 17, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Configurado ya el nuevo Gobierno y definidas las directivas del Congreso y sus comisiones de trabajo, los colombianos esperan que se inicie el proceso para realizar las transformaciones que demanda la Nación. Es la oportunidad para detener el deterioro que padece la credibilidad de las instituciones frente a los ciudadanos, la que no se puede perder en medio de las controversias partidistas o el interés por alcanzar la paz con la guerrilla".

Configurado ya el nuevo Gobierno y definidas las directivas del Congreso y sus comisiones de trabajo, los colombianos esperan que se inicie el proceso para realizar las transformaciones que demanda la Nación. Es la oportunidad para detener el deterioro que padece la credibilidad de las instituciones frente a los ciudadanos, la que no se puede perder en medio de las controversias partidistas o el interés por alcanzar la paz con la guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos definió la paz como prioridad para los próximos cuatro años. Lo cual implica esperar a que se llegue a un acuerdo con las Farc para adoptar medidas como definir su marco jurídico, desarrollando la ley marco aprobada en pasadas legislaturas. En ese propósito deberán definirse también los cambios en materia de leyes agrarias y de los demás asuntos que sean necesarios para preparar el país hacia lo que se ha llamado el postconflicto.Pero eso no es todo. Si se miran las múltiples encuestas que se realizan en Colombia, es indiscutible que el Estado muestra un profundo desgaste en su credibilidad. Es la política que no parece concitar ya la confianza de los ciudadanos y necesita de cambios para recuperar su representatividad de la opinión nacional. La alta abstención en los comicios así lo indica. Y nada sería más peligroso que ignorar ese mensaje, pensando en que es suficiente una elección cada cuatro años, sin importar los precarios resultados que se están ocasionando.También es la Justicia que no responde a las demandas de la nación, porque sus Altas Cortes están desempeñando funciones que no les corresponden, o desgastándose en continuos choques entre ellas, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de una administración jurisdiccional lenta y confusa. Y es también la necesidad de revisar la justicia penal y los regímenes penitenciarios, empezando por la crisis del sistema acusatorio. En otros términos, es la urgencia de tomar las medidas que sean necesarias para impedir que la impunidad y la demora en resolver los conflictos entre los colombianos sigan siendo incentivos para la justicia por mano propia. La descentralización real es otro de aquellos asuntos inaplazables. Cuando se habla de la inequidad social se debe mencionar que detrás de ella está el vacío creciente entre el centro y la provincia colombiana. Uno es el progreso de Bogotá y otras cuantas ciudades. Y otra es la tragedia que padecen regiones como el Pacífico, convirtiéndolas en expulsoras de sus habitantes que se desplazan a las ciudades en las cuales buscan la protección y las oportunidades que les niega el centralismo. Por eso, para garantizar la equidad y la lucha contra la pobreza es imprescindible resolver el desequilibrio que impide solucionar los problemas de la región.La lista de asuntos por solventar es mucho más larga. Por eso es necesario poner manos a la obra para reestructurar las instituciones de tal manera que recuperen la capacidad de atender las demandas del ciudadano. De eso también se trata el Estado Social de Derecho.

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