Maniobra antidemocrática

Junio 17, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Alegando de nuevo la independencia de los jueces, una integrante del Tribunal Seccional del Valle del Consejo Superior de la Judicatura suspendió la resolución expedida por la Procuraduría que destituyó e inhabilitó al gobernador Juan Carlos Abadía por intervenir en política. Además de extraña, la providencia implicará el desconocimiento del derecho de los vallecaucanos a elegir un nuevo mandatario.Como lo dice el Procurador General de la Nación, la suspensión de la destitución llama a escándalo porque desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en el sentido de que contra fallos que cierran procesos disciplinarios, a favor o en contra de los acusados, no procede la tutela y sólo es posible usar la vía jurisdiccional. Pero, además, porque fue claro que se respetaron todos los derechos del señor Abadía en el proceso, como consta en las audiencias públicas y los recursos que confirmaron la sanción.También se vuelve a poner de presente la tendencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, a arrogarse la función de impartir justicia sin considerar las limitaciones que le impone la ley, de juzgar sólo los actos de los jueces y no sus decisiones. Con lo cual pasa de nuevo por encima de las consideraciones jurídicas obligatorias y entra al terreno de la política, vinculada a ese Tribunal como quiera que sus miembros son elegidos por el Congreso. Con ello interfiere de manera grave en el ejercicio del derecho que asiste a los vallecaucanos: el de elegir un nuevo Gobernador, evitando que continúe en el Palacio de San Francisco un régimen cuya cabeza, y muchos de sus subalternos, ha intervenido en forma descarada y abusiva en política, a favor de sus amigos. Es claro que la demanda interpuesta por el destituido funcionario tiene toda la intención de interrumpir el proceso que deberá celebrarse como ordena la ley, puesto que la destitución se produjo antes del 30 de junio próximo y la suspensión ordenada por la Magistrada implicará superar esa fecha.Tan grave como que la magistrada Ruth Patricia Bonilla ordene la restitución de Abadía es que su decisión impida realizar la elección de un nuevo Gobernador. Con lo cual el PIN, del cual es cabeza visible el ex senador Juan Carlos Martínez, hoy en la cárcel de La Picota, continuará mandando. Es triste oír de algunos de sus funcionarios que en la Administración Departamental no se mueve nada sin el consentimiento del ex senador y del ex gobernador Abadía. Y ver cómo el Departamento se maneja a través de sus teléfonos Blackberry, impidiendo que cambie el azaroso rumbo que le marcaron.Ante tales hechos, es necesario denunciar que la maniobra tiene una innegable intención política. Y pedirle a la Justicia que actúe con presteza para impedir el éxito de una trapisonda que pretende desconocer una decisión de la Procuraduría y impedir el ejercicio de la democracia. Es una tinterillada que desconoce el ordenamiento jurídico, dirigida a obstaculizar una decisión que corresponde a los vallecaucanos.

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