Los vicios de siempre

Julio 08, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Lo que llama la atención es que Colombia no haya podido dar el paso para garantizar la pureza y credibilidad de los procesos electorales, en especial los que se celebran en la provincia".

Luego de las experiencias vividas a través de la historia por la falta de compromiso en la protección de las elecciones como máxima expresión de la democracia, el Estado colombiano ha tomado medidas para impedir su repetición. Sin embargo, Colombia sigue a la espera de una actitud que lleve a tomar decisiones de fondo para acabar con los peligros que aún amenazan la transparencia en los procesos electorales y la verdad de la voluntad popular. El pasado primero de julio empezó en firme el proceso que llevará a elegir los integrantes de los cuerpos colegiados en departamentos y municipios, así como sus gobernadores y alcaldes. Aunque ya no son las épocas de la confrontación partidista que sembró luto y sectarismo, no es posible aún declarar la ausencia de hechos y distorsiones causadas por la violencia de grupos interesados en mantener el control territorial y el manejo del poder administrativo, ya sea para apoderarse de los recursos públicos o para legitimar los bienes mal habidos. Es la experiencia de los últimos 60 años. Lo que llama la atención es que Colombia no haya podido dar el paso para garantizar la pureza y credibilidad de los procesos electorales, en especial los que se celebran en la provincia. Ahora que se cumplen los 20 años de la Constitución de 1991 no sobra recordar que el código electoral aún vigente fue expedido años antes. La pregunta es por qué el Congreso no ha podido adoptar una legislación que acepte el reto de impedir la eterna repetición de vicios que destruyen la credibilidad en el sistema democrático y la tecnología como herramienta para evitar los fraudes que aparecen en cada elección. El pasado miércoles, el Consejo Nacional Electoral afirmó que ha encontrado el fenómeno de traslado de votos en 400 de los 1.016 municipios colombianos, con casos tan aberrantes como el de Restrepo en el Valle, donde el número de cédulas inscritas superó el total de su población. Por supuesto, la autoridad electoral ordenó la anulación de esas inscripciones aunque aún aguarda el resultado de las investigaciones sobre los casos que denunció hace cuatro años. Y pese a las reformas políticas que se adoptan con frecuencia, los hechos dolosos se repiten una y otra vez. Sin duda es un avance haber logrado que los partidos se declaren responsables por hechos como la inscripción de candidatos condenados por la Justicia, impedidos o inhabilitados. Pero aún no aparecen decisiones como la de adoptar el voto electrónico para evitar el fraude que denuncian cada cuatro años los registradores en las mesas de votación. O medidas para impedir que la representación popular se utilice para satisfacer intereses particulares antes que las necesidades sociales. La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, ha renovado su llamado para que se proteja de la violencia y el fraude al próximo certamen que definirá el poder en municipios y departamentos. Tiene razón la doctora Alejandra Barrios en su terco reclamo, que los colombianos debemos respaldar porque lo que allí se juega es ni más ni menos que la defensa de la democracia y de la credibilidad del Estado de Derecho.

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