Los malos pasos de Acuavalle

"Hay una atmósfera enrarecida alrededor de una entidad que fuera modelo en Latinoamérica..."

Dos actuaciones de Acuavalle causan alarma entre la ciudadanía por sus consecuencias para la empresa y por las dudas que dejan incluso entre sus accionistas. Son razones suficientes para reclamar transparencia en la administración de un servicio que no pertenece a nadie en particular y mucho menos a una organización política.La primera de esas actuaciones es la manera en que se pretende entregar la operación de la empresa mediante una licitación pública que es objeto de serios cuestionamientos. Desde la Procuraduría General de la Nación, hasta la Gobernación del Valle como propietaria del 47% de Acuavalle, se han expresado recomendaciones terminantes para que sea suspendida la solicitud de oferta pública con la cual se pretende legalizar el negocio. Incluso, quedan por aclarar las razones por las cuales se le va a pagar a una empresa, la misma que estructuró las polémicas Vigencias Futuras del Departamento, la suma de $2.400 millones como comisión de éxito por el proyecto de Acuavalle. Si se revisan las condiciones financieras la propuesta implicará que la empresa deba pagar el 15,3% anual de intereses, elevando de $160.000 millones a más de $330.000 millones el precio final por un contrato que raya en lo leonino.Tales hechos han sido advertidos tanto por el Gobernador del Valle como por la Procuraduría, sin que sus observaciones sean consideradas por una administración heredada del ex gobernador Juan Carlos Abadía, y cuyo anterior gerente aspira a hacerse elegir como mandatario de los vallecaucanos por el PIN en las elecciones del próximo octubre de 2011. De nada han valido para que se detenga el malhadado proceso, que puede culminar el próximo viernes si nada se interpone.El otro asunto que produce alarma, son tres contratos adjudicados mediante una “solicitud privada de varias ofertas” a tres consorcios constituidos el mismo día por personas y sociedades con relaciones demostradas, para instalar tubería de drenaje pluvial y reposición de pavimento en la zona industrial de Yumbo. Para ello, Acuavalle pagó el 50% de anticipo de los tres contratos que por valor total superior a los $11.000 millones fueron adjudicados por el ex gerente Alex Pascual Loango. Llama la atención que el anticipo, más de $5.000 millones, fuera retirado en efectivo de un banco. Y según las investigaciones realizadas por El País y publicadas en la edición del pasado domingo, las obras no avanzan conforme a lo ofrecido por el contratista.Hay pues una atmósfera enrarecida alrededor de una entidad que fuera modelo en Latinoamérica. Una empresa de naturaleza pública cuyos propietarios son entidades estatales, por lo cual debe actuar conforme a los lineamientos del Departamento y respetando las indicaciones de la Procuraduría. Ante eso es necesario reclamar la actuación enérgica del Gobierno Nacional, de los organismos de Control e incluso de la Justicia para evitar que se consume lo que puede ser un descalabro para el Valle. Con ello se evitará también que un partido político siga usando a Acuavalle como su fortín inexpugnable para ejercer el clientelismo.