Los feudos podridos

Parece que poco hemos avanzado en la tarea de profundizar ese valor que vigoriza la democracia y defiende a las instituciones municipales y departamentales del clientelismo que devora la transparencia y establece feudos podridos.

A falta de 25 días para las elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales en los municipios de Colombia, no dejan de intranquilizar las alertas que se lanzan desde distintos ángulos sobre posibles fraudes. De nuevo, las viejas costumbres aparecen para tratar de desconocer la verdadera voluntad popular en la escogencia de los gobernantes y administradores de los asuntos públicos. La labor de este año ha sido ardua para las autoridades encargadas de vigilar el proceso que se supone garantiza el ejercicio de la democracia. Según el Consejo Nacional Electoral, el 49,7% de las actas sobre inscripción han sido anuladas porque el sitio de registro de la cédula de los posibles votantes no coincide con su lugar de residencia. Es decir, de 2.378.997 inscripciones se han eliminado 1.182.296, lo cual afecta a 897 de los 1123 municipios colombianos. Hay otros datos que desconciertan. El Procurador General de la Nación informa que en departamentos como Boyacá, la anulación de inscripciones llega al 70%. Y en el Valle, la cifra llega al 54%, mientras hay municipios del Chocó donde el número de inscritos supera su población total. Es pues una verdadera embestida contra la pureza del sufragio, que da a entender que el ejercicio de la política ya no es un ejercicio democrático sino plutocrático, en el cual el manejo de los asuntos públicos para procurar el bien común es reemplazado por el ánimo de lucro y la trampa. En el argot jurídico, eso se llama transhumancia electoral. En el idioma del común no es otra cosa que el trasteo de votos comprados de distintas maneras para asegurar la elección de personajes en muchos casos desconocidos por las comunidades. Y si se agrega a la compra descarada que realizan el día de elecciones, o las consabidas alteraciones de los resultados, se llega a la conclusión de que el país, o mejor la política colombiana, sigue siendo víctima del fraude y la venta del derecho a elegir sus gobernantes, que debería ser sagrado para cualquier ciudadano. Así, parece que poco hemos avanzado en la tarea de profundizar ese valor que vigoriza la democracia y defiende a las instituciones municipales y departamentales del clientelismo que devora la transparencia y establece feudos podridos. En eso está parte de la explicación de porqué los colombianos están cada vez más lejanos de los funcionarios que deben administrar los impuestos que pagan y resolverles sus problemas más acuciantes, como los servicios públicos, la seguridad ciudadana y el control a la corrupción. El panorama es pues sombrío. Aunque elegir a los mandatarios locales y regionales se realiza cada cuatro años, la cifras sobre destituciones, procesos penales por desfalcos y malas prácticas, crece de manera alarmante, desmotivando la participación ciudadana. Y promoviendo unas elecciones donde triunfan la abstención y los candidatos con pocos votos. Por eso, y antes de que sea demasiado tarde, Colombia necesita una reforma electoral y unos partidos que defiendan la voluntad popular como la base de un sistema democrático y creíble.