Los derechos de las víctimas

Con el arranque de la Jurisdicción Especial para la Paz, se vuelve a poner de presente la obligación de atender a las víctimas que han producido en Colombia las décadas de violencia practicada a nombre de supuestas razones políticas. Es el momento para garantizar con efectividad que las acciones que deben realizar el Estado y quienes sean hallados o confirmados como responsables de los crímenes reparen a quienes perdieron sus familias, sus haberes y su tranquilidad en medio de lo que hoy se llama el conflicto.

Cabe reconocer que lo hecho hasta ahora no ha sido satisfactorio, según el informe de la Contraloría General de la Nación sobre la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Uariv. Empezando porque no se tiene un censo que dé certeza sobre quiénes deben ser reconocidos como víctimas, y siguiendo por la forma en que se maneja el Fondo de Reparación dependencia de esa Unidad, la auditoría realizada da a entender que no se han cumplido ni las expectativas ni las esperanzas que en su momento se despertaron alrededor de una iniciativa llamada a enfrentar la peor de las secuelas de esa violencia.

Según la Contraloría, los sistemas de información de la Unidad son precarios, lo cual abre la posibilidad de otorgar asistencia o indemnizaciones a quienes no son víctimas. Es decir, el Estado no ha definido con claridad la manera de precisar quién tiene acceso a esos derechos, por lo cual es difícil evitar desviaciones a favor de quienes pretenden reclamar sin tener derecho y de llevar a exclusiones injustas contra quienes sí cumplen con los requisitos.

En cuanto a la administración de los recursos, el asunto es peor: de acuerdo con el informe, muchos de los bienes entregados por los paramilitares no pertenecían a ellos por lo que debió devolverlos a sus propietarios legítimos. Así mismo, el 58% de los inmuebles recibidos no tienen administración, por lo cual pierden su “vocación reparadora”, y hay un mal manejo de los proyectos productivos, provocando pérdidas que en algunos casos ascienden a los $2.000 millones.

Hay un punto de especial atención que se refiere a la manera en que la Uariv ha asumido indemnizaciones que deben pagar los victimarios, lo cual lleva a que registre un pasivo cercano a los $1,5 billones. En otros términos, ha actuado con ligereza, aumentando la frustración de las víctimas al disponer de recursos públicos sin tener la autorización ni la plata que se requiere.

Esas anotaciones de la Contraloría se refieren a la actividad de una institución importante para construir la reconciliación de nuestra Nación. Pero tiene también la importancia de alertar sobre lo que va a producirse en el futuro cercano, cuando se conozca el impacto de la violencia practicada por las Farc durante cincuenta años y el número desconocido de víctimas que dejó, a cambio de lo cual no ha entregado los bienes que corresponden.

Los comentarios anteriores deben llevar a reflexionar sobre el deber de impedir que las víctimas sigan siendo manejadas con criterios políticos. Y sobre la obligación de resarcir sus derechos como requisito para volver a vivir en paz.