Los avances del Proceso

Septiembre 10, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Adicionalmente, el presidente Santos volvió a descartar de manera enfática la convocatoria a una Asamblea Constituyente, además de recordarles su obligación de reconocerse como “los más victimarios de todos” y la necesidad de aceptar la justicia. Por fortuna, las Farc no han vuelto a dar declaraciones de aquellas que destruyen la confianza y se convierten en un golpe sobre la mesa que desbarata las esperanzas de quienes creen en que el acuerdo está cerca.

Con las informaciones que produce el conflicto con Venezuela, el diálogo con las Farc parecían haber pasado a un segundo plano. Hasta que se conocen ya los intentos por concretar una propuesta que permita darle trámite a las posibles reformas legales y constitucionales que supuestamente deberán aplicarse, según se habla desde el Gobierno y desde el Congreso. Lo primero que asoma en el debate es que el llamado Marco Jurídico para la Paz parece descartado por varias razones. Además del rechazo terminante del grupo armado ilegal, lo que se vislumbra es la necesidad de aplicar cambios a la Constitución, para lo cual es indispensable buscar otras salidas. En ese orden de ideas, la propuesta gubernamental parece encaminada a resolver las dudas que nacen de las normas consagradas en la Carta expedida en 1991, en especial, el largo tiempo que debe transcurrir entre el hipotético acuerdo con las Farc y el momento en que se adopten las reformas acordadas en la negociación. Esa opinión fue expresada por el presidente Juan Manuel Santos ayer, en la Universidad de Los Andes. Ahí parece estribar la inquietud que origina los movimientos del Gobierno y de la bancada oficialista para buscar formas de acortar los plazos. Por eso se habla de un Acto Legislativo iniciado en la presente legislatura y culminado en la del primer semestre de 2016. Según se ha escuchado, existe la posibilidad de que en esa decisión se entreguen facultades precisas al Presidente de la República para expedir las normas que desarrollen el acuerdo, lo que no tendría dificultades, siempre que se aplique en la elaboración de decretos con fuerza de ley.Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de modificar preceptos constitucionales. Por eso se plantea la posibilidad de crear una comisión especial a la cual se le entregue la facultad de efectuar esos cambios. Cabe agregar que quienes proponen esa figura creen posible la inclusión de miembros de las Farc en la comisión, además de que sugieren la posibilidad de incorporar una representación importante de la oposición encabezada por el Centro Democrático.En general, esas son los últimos desarrollos sobre los diálogos de La Habana, que desde ya despiertan inquietudes sobre su constitucionalidad. Adicionalmente, el presidente Santos volvió a descartar de manera enfática la convocatoria a una Asamblea Constituyente, además de recordarles su obligación de reconocerse como “los más victimarios de todos” y la necesidad de aceptar la justicia. Por fortuna, las Farc no han vuelto a dar declaraciones de aquellas que destruyen la confianza y se convierten en un golpe sobre la mesa que desbarata las esperanzas de quienes creen en que el acuerdo está cerca. Por último, queda el aspecto de la refrendación popular, quizás la columna vertebral de cualquier proceso de paz. Después de alguna confusión, el Primer Mandatario de los colombianos ratificó el compromiso de consultar a la Nación los acuerdos que se logren. Así debe ser, si lo que se quiere es darles legitimidad y lograr que Colombia empiece a pasar la triste página de la violencia fratricida.

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