Los alcaldes y la violencia

Abril 27, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

La elección del alcalde de Tumaco que reemplazará a su inhabilitada antecesora, parece un indicio claro sobre la vigencia de la democracia en Colombia. Sin embargo, las circunstancias que la rodearon y las limitaciones que pueda tener en la solución de los problemas del municipio, demuestran la debilidad que padecen las instituciones colombianas para resolver las necesidades de la provincia.

Un alcalde es en principio el director, el responsable y a la vez el gerente de una entidad llamada municipio. Como tal, su función es administrar los recursos locales, gestionar el apoyo de la Nación y de su departamento, y tratar de llevarles soluciones a los ciudadanos, tanto a los que lo eligieron como a sus contradictores y a aquellos que no participaron en el certamen electoral.

Pero también es el representante de la comunidad que lo escogió, y como tal, vocero de cada uno de los ciudadanos del municipio, para lo cual debe tener el respaldo necesario para cumplir ese papel. Esa es su gran misión, sobre todo cuando se trata de localidades en las cuales los problemas acumulados, muchos de ellos sin posibilidades de solución a su alcance, son verdaderas amenazas para la tranquilidad y la vida de los habitantes de la región.

Ese es el caso de Tumaco. Allí se combinan los impedimentos del Estado para garantizar el respeto a las leyes con la debilidad de unas instituciones locales capturadas por el clientelismo que se disputa palmo a palmo los recursos que produce la actividad económica y aquellos que provienen de las participaciones en los presupuestos nacionales. El resultado es que la delincuencia se apodera del territorio y la respuesta de la Nación se concentra en actuaciones de la Fuerza Pública, mientras el Alcalde pierde importancia y se desvanece su papel como vocero de la comunidad.

Pero se cumple el ritual democrático. Y, por supuesto, el debate gira alrededor del grupo o alianza a la cual pertenece su candidatura, o las reuniones que realizó o no para conseguir apoyos, incluidos los grupos de violencia que golpean a sus conciudadanos. De ahí en adelante, las noticias sobre la administración rondan alrededor de las cuotas de poder, de las negociaciones con las organizaciones políticas con asiento en el Concejo y de sus lealtades con los jefes nacionales o su afinidad con los candidatos a la Presidencia de la República.

La pregunta es si el cumplimiento de ese ritual le proporciona la legitimidad que requiere tener como el funcionario que debería estar más cerca de los ciudadanos para atender sus intereses y necesidades. O si, como suele ocurrir, su elección será la repetición de un proceso interminable, donde priman los intereses clientelistas y los compromisos partidistas.

Resolver esa pregunta ayuda a entender por qué el Estado colombiano es tan débil para enfrentar las amenazas que viven las comunidades. Y por qué las decisiones que las afectan se toman a kilómetros de distancia, por funcionarios nacionales y sin que sea posible escuchar la voz de quienes en Tumaco están expuestos a la violencia del narcotráfico.

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