Lo mismo de siempre

Mayo 24, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Como si fuera un imposible lograr que se construya una justicia rápida y efectiva, el Congreso Nacional está ahora mismo en carreras para evitar la salida de 30.000 acusados por diferentes delitos. Es la demostración de que esa rama del poder público sigue sin tener la importancia que merece como generadora de paz entre los colombianos".

Como si fuera un imposible lograr que se construya una justicia rápida y efectiva, el Congreso Nacional está ahora mismo en carreras para evitar la salida de 30.000 acusados por diferentes delitos. Es la demostración de que esa rama del poder público sigue sin tener la importancia que merece como generadora de paz entre los colombianos.El asunto no es de poca monta. Hace tres años, una reforma dirigida a descongestionar las cárceles, la ley 1709 de 2014, fue presentada como la solución al hacinamiento y como la posibilidad de devolverles el respeto a sus derechos humanos a miles de personas que no tenían resuelta su situación judicial, y para abrir la posibilidad de ofrecer libertades condicionales.En su momento el Gobierno Nacional justificó la medida como la posibilidad de flexibilizar la suspensión de la condena, la libertad condicional y la detención domiciliaria, lo que ayudará a bajar el hacinamiento. Ahora, el Legislativo anda en carreras para aprobar una norma que aplace por un año la aplicación de las decisiones establecidas tras los debates del 2013.Esa situación no es nueva. Los colombianos ya perdieron la cuenta de cuantas soluciones como esas, apresuradas y provisionales, han debido tomarse para conjurar crisis como éstas que ya son crónicas. Y se llega siempre al mismo problema: el que el Estado no ha podido, o no ha querido enfrentar el deber de resolver la crisis de la justicia penal. El que no haya sido posible definir una verdadera política para enfrentar el crecimiento de la delincuencia, para evitar que crezca el fenómeno desmoralizante de la impunidad.Así, propuestas como la que se tramita ahora y que, con seguridad será aprobada a pupitrazos en la última sesión de la legislatura, desencadenarán a su vez la necesidad de adoptar en el mediano plazo otra reforma que evite el mismo fenómeno. Es el Estado de espaldas a una de sus obligaciones fundamentales, la de resolver los conflictos, sancionar de manera ejemplar las conductas antisociales y ofrecer a quien sea condenado posibilidades reales de reintegración.Entre tanto, el mismo Congreso está enfrascado en sacar adelante las reformas que resuelvan el problema de haber acabado el Consejo Superior de la Judicatura, o la forma de concretar el tribunal de aforados que reemplazará a la desaparecida Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De no resolverse esos dos asuntos, el país corre el riesgo de quedarse sin cómo administrar la rama judicial y de qué manera asegurar que todos los colombianos son iguales ante la ley, y que deben responder por sus actos, así desempeñen las más altas investiduras.Si bien hay que solucionar los graves problemas que se están presentando en las cárceles y llevan a modificar de afán el código penitenciario para atajar la posible salida de 30.000 detenidos, esa improvisación no puede continuar. Es la demostración de que la Justicia en Colombia se trata como un instrumento accesorio, en lugar de ser la institución principal para garantizar la concordia que nace del respeto a la ley como árbitro supremo de la sociedad.

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