Límites necesarios

Febrero 16, 2017 - 03:35 p.m. Por: Editorial .

Avanzan en el Congreso las iniciativas que desarrollarán los acuerdos del Gobierno con las Farc. Ante el gran espectro que parece cubrir las reformas constitucionales y los nuevos aspectos legislativos que se pretenden abarcar mediante el llamado fast track, es necesario definir los temas que pueden ser objeto del mismo y los límites a los cuales se debe llegar en su aplicación.

Ese mecanismo es ante todo la posibilidad de sacar adelante y en el menor tiempo posible los puntos que fueron acordados en las conversaciones de La Habana y que se incluyeron en el Acuerdo del Teatro Colón. Para ello fue expedido el Acto Constitucional que cambia el proceso legislativo, haciendo excepciones que implican reducir la capacidad del Congreso para intervenir en la elaboración de las leyes que desarrollan los aspectos negociados.

Aparece entonces la oportunidad de precisar qué puntos específicos de la Constitución y las leyes pueden ser tratados mediante ese mecanismo. Por ejemplo, es claro que la Justicia Especial de Paz puede y debe ser tramitada de esa forma, para cumplir así con los pasos que deben seguir a la desmovilización que se está llevando a cabo. Pero también es indispensable escuchar y tener en cuanta las observaciones que ha hecho el Fiscal General de la Nación, para evitar que la falta de precisiones y límites le otorgue a los magistrados de esa Justicia facultades que pueden superar el marco constitucional y ponerlos por encima de la Justicia Ordinaria.

Otro aspecto importante lo constituyen las reformas políticas que ayer anunció el Ministro del Interior. Sin duda, es necesario crear excepciones temporales para permitir que las Farc participen en las elecciones una vez entreguen las armas, así como para que entren a formar parte del Legislativo. Pero ese compromiso no parece tener relación con admitir el voto a partir de los 16 años, con establecer el voto obligatorio por dos periodos, con la financiación por el Estado del 100% de las campañas electorales, así como con la Lista cerrada para el Congreso y modificar la circunscripción nacional.

De otra parte, se sabe de intentos por introducir mediante el fast track reformas a normas como las que rigen la educación superior, aduciendo que se relacionan con el acuerdo. Así como ese caso, desde dependencias oficiales y en grupos políticos se están preparando otras modificaciones que más parecen destinadas a saltarse el procedimiento ordinario que establece la Constitución.

El procedimiento rápido es un instrumento temporal que, sin embargo, puede derivar en reformas permanentes y de fondo a todas las instituciones del Estado. Por eso es necesario pedir cautela y hacer precisiones que eviten errores y excesos, o que abran la puerta a cambios que desconocen el espíritu de la Constitución. El que se haya creado un procedimiento especial para legislar parece necesario para cumplir los acuerdos. Pero ello no puede dar pie para cambiar lo que a bien tengan los gobernantes o las coaliciones políticas que conforman una mayoría abrumadora en el Congreso de la República.

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