Libertades y retórica

"Infortunadamente se puede decir que hay mucho de protestas, rechazos y promesas, pero poco de acción efectiva contra quienes pretenden silenciar al periodismo".

De nuevo, el periodismo se ve amenazado por la delincuencia para silenciar sus denuncias. O pasa de la amenaza a la orden de asesinato para callar a quienes investigan y cuentan las circunstancias, los personajes y los hechos que atentan contra el patrimonio público o persiguen a quienes se comprometen en políticas como la restitución de tierras. Hace dos semanas se conoció la amenaza contra ocho periodistas vinculados a medios de comunicación de Valledupar, capital del departamento del Cesar. En esa oportunidad se supo que las intimidaciones se originaron en denuncias por la persecución contra personas que de una u otra manera tenían relación con la política de restitución de tierras. En todo caso, se trató de un claro propósito de silenciar al periodismo y evitar que sacara a la luz pública la verdad de lo que estaba ocurriendo en la región, impulsado por grupos de violencia. La respuesta de las autoridades fue el ofrecimiento de medidas de protección. Después se presentó el atentado contra el director de investigación de la revista Semana. Conocido por sus trabajos para desentrañar la verdad de asuntos como los falsos positivos o lo que sucedía en la cárcel para oficiales del Ejército ubicada en Tolemaida, el periodista fue objeto de múltiples disparos contra su automóvil cuando se dirigía de Ibagué a Girardot en el departamento del Tolima. Prontamente, las autoridades le ofrecieron protección, pero aún no se conoce el origen de atentado o de la advertencia, si es del caso llamarlo así. El pasado lunes, una declaración del Director de la Agencia Nacional de Protección dio a conocer que había advertido a los investigadores León Valencia y Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, y al periodista Gonzalo Guillén sobre el descubrimiento de un plan para asesinarlos. Plan que está en desarrollo, en la medida en que el Funcionario dio el nombre del sicario, su origen y la inminencia del ataque. Frente a ello, el señor Ávila declaró que se trata de “estructuras políticas regionales” del norte del país, suficientemente conocidas por denuncias reiteradas que de sus fechorías y relaciones criminales han hecho, y contra quienes no hay aún actuación del Estado. De nuevo, la protección a los periodistas fue la oferta de las autoridades. Y como sucedió en Cali con las amenazas contra el periodista de Q’Hubo, Yesid Toro, aún no se conoce de medidas efectivas y prontas para descubrir a los criminales y ponerlos a disposición de la Justicia. Infortunadamente se puede decir que hay mucho de protestas, rechazos y promesas, pero poco de acción efectiva contra quienes pretenden silenciar al periodismo.Y mucho sí de impunidad, el peor enemigo de la libertad de expresión. Es que no se trata de rodear a los amenazados de guardas de seguridad y de carros blindados que limitan el ejercicio del periodismo libre. El asunto es saber que ellos son víctimas de intimidaciones por contar lo que los criminales hacen contra el interés público. Entonces es a estos criminales a los que hay que castigar. Con lo cual el Estado mandará el mensaje de que la defensa de las libertades en Colombia es mucho más que un ejercicio retórico.