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Ley para las víctimas

30 de septiembre de 2010 Por:

"La ley de víctimas no significa que el Estado asuma la responsabilidad..."

Varios años tardaron las fuerzas políticas de Colombia para lograr un acuerdo que permitiera darle solución a la tragedia de las víctimas de la violencia. Por eso, además de empezar a hacer justicia con quienes la han padecido, la presentación ante el Congreso del proyecto de ley sobre la materia significa un gran paso adelante en la obligación de reconciliar la Nación.La ley no significa que el Estado asuma la responsabilidad total por el desastre que han producido las múltiples organizaciones de violencia que han existido y todavía subsisten en el país. Pero sí debe tomarse como la expresión de generosidad con quienes no fueron responsables y debieron padecer las consecuencias, ya sea en su integridad, en la de sus familias o en su patrimonio. Como lo explica la exposición de motivos, el proyecto “pretende instituir una política de Estado de asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.Luego de muchos debates y no pocas rupturas causadas, entre otras cosas, por el tamaño del empeño y la capacidad real del Estado para acometerlo, el proyecto contempla compromisos que se acercan a $44 billones, los cuales deberán ser cumplidos en los próximos diez años. Cifra distante de los $75 billones que costaría el proyecto fracasado en el 2009, y de los $23 billones que ofreció entonces el Gobierno. Tales cifras dan una idea clara de la dimensión que tiene el compromiso que, al parecer, hoy cuenta con el respaldo de los partidos y movimientos congregados en la Unión Nacional convocada por el presidente Juan Manuel Santos.Es, pues, un esfuerzo por buscar en la justicia transicional la posibilidad de construir la reconciliación. De entregarles a las víctimas de hechos excepcionales y distintos al delito común un apoyo real y práctico proveniente del Estado, sin que ello implique limitarles su potestad a reclamar ante la Justicia ordinaria los derechos que consideren violados por acción u omisión de las autoridades legítimas, sin que implique un doble pago a cargo del Tesoro nacional. Y de incluir entre sus beneficiarios a los servidores públicos que también han sido víctimas de la violencia irracional y fratricida.Hoy, Colombia está viendo la luz al final del túnel tras el desastre que le ha significado la ausencia del Estado como árbitro de la sociedad en muchas partes del territorio nacional, y de la presencia de agrupaciones que usan el terror para imponer sus ambiciones. Para ello ha tomado decisiones como la Ley de Justicia y Paz, y está proponiendo medidas audaces como la Ley de Tierras para devolverles sus bienes a quienes fueron despojados por la violencia. En ese orden de ideas, la Ley de Víctimas es otro paso en firme para lograr la reconciliación y construir una paz duradera. Un esfuerzo gigantesco que sin olvidar el pasado y sus consecuencias sirva para devolverles la tranquilidad y las oportunidades que perdieron quienes padecieron el abuso de los violentos y la desprotección del Estado.

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