Las sombras de las elecciones

"...el país cuenta con un código electoral obsoleto y con un mecanismo como la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar su transparencia, que se destaca por su obsolesencia y por la acusación de prácticas clientelistas que le restan credibilidad como árbitro del proceso más importante para una democracia".

Un Consejo Nacional Electoral que se ve a gatas para resolver las solicitudes que reclaman supuestas inhabilidades de miles de candidatos inscritos en las elecciones locales y regionales del próximo 30 de octubre; homicidios y amenazas contra aspirantes y denuncias permanentes sobre la intervención del narcotráfico y toda clase de delincuencias en el proceso electoral. Y unas autoridades que reconocen riesgos de fraude y se escudan en las deficiencias presupuestales y legales para justificar sus limitaciones en la obligación de hacer respetar la transparencia del proceso. Esa lista se queda corta ante las permanentes denuncias sobre lo que ocurre en las elecciones en Colombia. Casi podría decirse que con excepción de los comicios donde se elige al Presidente de la República, las demás están contaminadas por las sospechas y acusadas por la falta de transparencia. Tanto las que eligen al Congreso como las que deciden quiénes serán los gobernadores y alcaldes, los diputados y concejales, todas empiezan y se desarrollan en medio de acusaciones y vacíos que debieron ser cubiertos hace muchos años. Pero esa labor no se ha hecho. Y resulta que desde hace muchos años, Colombia ha padecido escándalos sobre la influencia y las alianzas de los narcos, de los paramilitares, de la guerrilla y de toda suerte de fenómenos de corrupción, con el ejercicio de la política que se relaciona con los cargos de elección popular. Frente a ello, el país cuenta con un código electoral obsoleto y con un mecanismo como la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar su transparencia, que se destaca por su obsolesencia y por la acusación de prácticas clientelistas que le restan credibilidad como árbitro del proceso más importante para una democracia. Ahora mismo, a 42 días de las elecciones donde se definirán los mandatarios y diputados que administrarán los 32 departamentos y los alcaldes y concejales que harán lo propio en los 1.120 municipios del país, lo de menos parecen ser las propuestas de los aspirantes o la aplicación de programas de gobierno acordes con las realidades nacionales. Lo que parece importar en muchos casos es la mecánica clientelista a través de la cual se define tanto la cabeza de los gobiernos como el control político y administrativo a su gestión. Es decir, la manera en que ese poder se negociará para manejar los presupuesto, los cargos y la contratación oficial, amén de las gestiones que pueden realizarse para favorecer aliados sospechosos.Hace unas semanas, el Gobierno Nacional anunció la presentación de un proyecto para cambiar el código electoral que rige desde 1986. Sin embargo, la declaración fue recibida con el escepticismo que produce reconocer el naufragio de 10 iniciativas llevadas al Congreso por gobiernos anteriores. Al parecer, la resistencia de la clase política a cambiar el sistema y aplicar los recursos que ofrece la tecnología para blindar los procesos electorales puede más que la necesidad de darle transparencia a la democracia y garantizar el respeto por la voluntad popular.