Las primas de la discordia

Las primas de la discordia

Octubre 10, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

El problema práctico se desencadenó cuando se hizo notorio que la decisión significaría una rebaja de $7.898.000 en el pago a los congresistas, es decir, del 33%. Y que tendría impacto inmediato en más de 2.000 cargos adicionales en todo el Estado, incluyendo Magistrados. Fue entonces cuando aparecieron las presiones y la decisión del Gobierno Nacional, de crear mediante decreto una prima especial de servicios de carácter permanente, que restableciera los ingresos de los legisladores.

Con la decisión de devolver mediante una prima especial a los Congresistas los niveles salariales que fueron afectados por una sentencia del Consejo de Estado, se recuperó la tranquilidad en el Legislativo y algunos otros altos cargos del Estado. Pero, sin duda, se propinó un nuevo golpe a la credibilidad de las instituciones, dando una nueva muestra de improvisación y dando a entender que a esos niveles también actúa la operación tortuga para conseguir reivindicaciones salariales.El origen de la polémica que hoy protagonizan quienes están indignados por la creación de una remuneración adicional para los legisladores, está en una sentencia del Consejo de Estado que declaró ilegales el pago de una prima de localización que se creó para aquellos que vivieran fuera de Bogotá pero se pagaba para todos por igual. Y otra autorizada para trabajos que tengan alto riesgo para la salud, algo que nunca fue reglamentado y se aplicaba a los congresistas sin una explicación clara. Además, y ante su naturaleza, esas dos bonificaciones nunca debieron ser consideradas como parte integral del salario. El problema práctico se desencadenó cuando se hizo notorio que la decisión significaría una rebaja de $7.898.000 en el pago a los congresistas, es decir, del 33%. Y que tendría impacto inmediato en más de 2.000 cargos adicionales en todo el Estado, incluyendo Magistrados. Fue entonces cuando aparecieron las presiones y la decisión del Gobierno Nacional, de crear mediante decreto una prima especial de servicios de carácter permanente, que restableciera los ingresos de los legisladores. Con lo cual, según se dice para justificar la medida, se impediría una cascada de demandas e insatisfacciones que puedan afectar el tesoro nacional y servicios públicos esenciales. La reacción y la condena no se han hecho esperar. Por ejemplo, existen voces que reconocen la vigencia de la norma que pone como referencia de los ingresos de todos los funcionarios el sueldo de los congresistas, pero afirman que esas primas no debieron ser incluidas para calcular el salario de estos últimos. Y hay otras que establecen una vinculación directa entre la rebaja ordenada por una sentencia y la parálisis súbita que experimentara el Congreso, reconociendo allí la estrategia de la operación tortuga para exigir mejoras salariales. Infortunadamente, el asunto se ha convertido en otro motivo más de indignación en algunos sectores, y en causa para desprestigiar la maltrecha credibilidad de las Instituciones del Estado. Si bien los Ministros del Interior y de Hacienda han dado explicaciones sobre el decreto que crea la nueva prima, no está clara su legalidad. Y así tuvieran las mejores intenciones, es imposible despejar los cuestionamientos que reconocen en la norma el propósito de ceder ante la presión que paralizó el trámite de iniciativas tan importantes como la reforma a la salud. Se produjo así un nuevo episodio en el cual se desnudan males que erosionan la fe de los colombianos en su Estado. Por culpa de la improvisación y de las presiones, el Congreso recibe la crítica y el desprestigio en momentos en que debiera estar legislando en beneficio de la Nación.

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