Las dudas del proceso

Las dudas del proceso

Septiembre 25, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

Hoy debe producirse la designación de los 38 magistrados y 13 suplentes que integrarán el Tribunal de Paz y las tres salas que constituyen la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, creada en el Acuerdo con las Farc. Es uno de los pasos más trascendentales de un proceso que aún muestra grandes vacíos, a pesar del interés que representa para la Nación.

Para realizar esa elección se escogió un Comité de Escogencia que llegó a seleccionar 78 de las 715 personas que inscribieron su nombre en el procedimiento acordado. Es un comité en el cual participan desde delegados de la ONU hasta designados por el Gobierno Nacional, cuyo trabajo se refleja en esos preseleccionados entre los cuales hay juristas, magistrados, fiscales y personas no vinculadas al Derecho pero con conocimientos suficientes para aportar a la justicia especial que se pactó como mecanismo para lograr un acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno Nacional.

Se trata de una Justicia transaccional dirigida a encontrar la verdad y buscar la reparación, elementos que deben servir para empezar la recuperación de una sociedad expuesta a más de cincuenta años de violencia. Su propósito, más que imponer sanciones como los de la jurisdicción ordinaria, es encontrar también una solución política y proporcionar una salida a las Farc para que cesen su accionar bélico y se reintegren a la vida nacional y a la política sin armas.

Como puede esperarse, se están presentando polémicas acerca de esta selección, además de controversias sobre la actuación del Comité de Escogencia. Sin embargo, la gran preocupación está en la ausencia de un marco jurídico claro que defina las atribuciones, las limitaciones y los procedimientos que aplicará la JEP una vez entre en funcionamiento.

El asunto es que el país está a la espera de la sentencia que debe emitir la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo que creó la jurisdicción especial en la cual es posible que no haya sanciones como pérdida de la libertad o interdicción de derechos como el de elegir y ser elegido a quienes confiesen ser autores de delitos atroces o de lesa humanidad. Y que queden sin penalización delitos considerados conexos como el narcotráfico, la extorsión o el secuestro.

También falta la ley que reglamenta la JEP y establece los procedimientos mediante las cuales se aplicará. El plazo para que el Congreso reciba el proyecto que elaborará el Gobierno Nacional, le dé el trámite que incluye los debates en los cuales sus integrantes pueden hacer aportes y cambios vence el próximo 30 de noviembre. Y aunque será tramitada mediante el mecanismo del Fast Track, desde ya puede decirse que los tiempos para su trámite empiezan a ser angustiosos, además de que no habrá tiempo para la discusión abierta y participativa que caracteriza a la democracia.

Así las cosas, es necesario reconocer que el proceso para ejecutar el acuerdo con las Farc está experimentando demoras, dilaciones y confusiones en cuanto a la justicia a aplicar que deben ser aclaradas y despejadas. De ello depende su credibilidad y la confianza de la Nación en él.

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