Las cosas claras

Las cosas claras

Julio 17, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Si bien las leyes han reconocido un régimen que respete las culturas y las formas de gobierno propias de las etnias, lejos está de autorizar excepciones que incluyen el desconocimiento de la Fuerza Pública como defensora de la Nación.

Hoy se cumple el plazo fijado por dirigentes indígenas para su exigencia de retirar la Fuerza Pública de los territorios del norte del Cauca. Entendiendo su reclamo para que sus comunidades sean excluidas del conflicto y cesen loas actos de hostilidad que padecen a diario poblaciones como Toribío, quienes fijaron tal plazo deben comprender que sus pretensiones no pueden ser aceptadas. Una cosa es que se reconozca la tragedia y el daño que padecen los habitantes del Cauca, así como la responsabilidad del Estado, que por décadas no ha atendido como corresponde sus obligaciones en la región. Y que se apoye la actuación de la guardia indígena para tratar de acabar con los actos de guerra que afectan al departamento. Pero otra más distinta, y mucho más grave, es reclamar que las autoridades legítimas abandonen su obligación de defender a los colombianos y combatir el crimen. La violencia allí es causada por las Farc y es estimulada por su esfuerzo en mantener un dominio sobre ese territorio y por explotar todas las formas de criminalidad posible. Esa es la realidad, por lo cual la Fuerza Pública no puede abandonar al Cauca. Y mucho menos permitir que personas sin autoridad reconocida por las leyes y guiadas sólo por las buenas intenciones, arriesguen sus vidas en un intento que puede generar una tragedia de peores dimensiones. No hay pues un conflicto entre las comunidades y el Estado, como pretenden hacer aparecer algunos de los dirigentes del movimiento indígena, empeñados ahora en imponer un ultimátum inaceptable. Lo que sí existe es el deber de las instituciones legítimas de escuchar a todos los colombianos en sus reclamos. Y por encima de todo, la obligación de las autoridades y de toda la Nación de destruir el entramado de delincuencia y terror que las Farc han construido en el norte del Cauca. Tampoco existe en la Constitución la autorización para crear un territorio independiente y autónomo para las comunidades indígenas. Si bien las leyes han reconocido un régimen que respete las culturas y las formas de gobierno propias de las etnias, lejos está de autorizar excepciones que incluyen el desconocimiento de la Fuerza Pública como defensora de la Nación.Ahora bien, que el exjuez de España Baltasar Garzón aparezca en la escena, es otro de aquellos elementos que empiezan a convertir la protesta de los moradores de la región en un espectáculo poco propicio para encontrar las salidas institucionales que se requieren. Por eso, el Gobierno Nacional debe fijar los parámetros precisos del diálogo que debe realizarse con las comunidades indígenas. Ya el propio Garzón ha expresado que él no actúa como intermediario. Así mismo, el Gobierno ha manifestado que no autoriza al ciudadano español como su representante ante los dirigentes de las comunidades que persisten en su intención de desconocer la autoridad de la Fuerza Pública. Por supuesto, las autoridades están obligadas a atender las protestas del Cauca ante el abandono de que ha sido objeto. Pero se equivocan quienes pretenden equiparar la actuación de la Fuerza Pública con el terrorismo de las Farc.

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