Las cosas claras

Las cosas claras

Agosto 22, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

Ya es sabido que las investigaciones sobre corrupción dentro de la Fiscalía General de la Nación llevaron hacia acusaciones contra tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, los colombianos esperan que se les informe cómo se garantizará que esos procesos sean respetuosos de la ley y no lleven a la impunidad que causan un daño aún peor a la credibilidad del Estado.

Todo se inicia en las declaraciones grabadas por autoridades de los Estados Unidos que permitieron destapar los delitos de un exgobernador del departamento de Córdoba y construir el expediente que describe el entramado manejado por el que en ese momento se desempeñaba como Fiscal Anticorrupción. Allí se pudo establecer que se cobraban tarifas para lograr la exoneración de funcionarios vinculados a hechos ilícitos en los cuales podían estar involucrados tres expresidentes del Tribunal que juzga a los congresistas.

De otra parte, es bien sabido que, después de los traslados que de los procesos hizo el actual Presidente de la Corte, a estos jueces los investigará la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en virtud del fuero que les confiere la Constitución. Y que serán juzgados por el Senado de la República, en caso de que la Comisión encuentre mérito para ello y presente su caso ante la plenaria de la Cámara. Además, fueron nombrados por el Congreso que los procesa.

Ese es el procedimiento fijado por la Ley, el cual ha sido imposible reformar pese a múltiples intentos y debido en gran parte a la oposición de los integrantes de la Rama Judicial. Y en el caso que nos ocupa, se sabe que varios integrantes de la Comisión de Acusación tienen procesos e investigaciones abiertas en la Corte Suprema, aunque en principio no les genera inhabilidad jurídica alguna, salvo que quien adelante esos expedientes sea a la vez su investigador y juez, lo que no se extiende a los exmagistrados, pero sí puede causar inquietudes, dado el clientelismo que se ha venido denunciando en la Justicia.

Y más allá de los formalismos legales, está claro un complejo entramado que puede llevar a interpretaciones y actitudes que amenazan con rebasar los más elementales principios de la ética. En otros términos, la posibilidad de que los unos sean jueces de los otros y viceversa está latente, generando más cuestionamientos sobre la posibilidad de que se descubra la existencia cierta de los delitos y se apliquen las sanciones y las penas establecidas para sus autores.

Esas dudas no son nuevas y no ha sido posible despejarlas a pesar de las innumerables ocasiones en las cuales se ha llegado a la impunidad, no obstante existir pruebas que demuestran la existencia de conductas ilegales. Pero ahora son más acuciantes que nunca y demandan claridad.

Por ello, y sin que implique condenar o sentenciar a los jueces y congresistas vinculados a procesos como los que se encuentran en trámite, ahora se requiere definir cómo se le garantizará a nuestra Nación la transparencia que reclama ante hechos que afectan de manera grave la credibilidad en el Estado de Derecho.

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