La verdad es necesaria

Con justa preocupación, los colombianos han recibido las noticias y los comunicados que indican la posible intervención de una firma internacional acusada de las peores prácticas de corrupción en las campaña de los dos aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones de 2014. Frente a ello no hay alternativa distinta a hacer claridad absoluta para proteger la credibilidad del Estado y de nuestra democracia.

Todo gira alrededor de los hechos que se conocieron a partir de procedimientos judiciales que adelantan la justicia del Brasil y de los Estados Unidos contra Odebrecht, uno de los más grandes contratistas del mundo. Según reportaje a un asesor de imagen publicado por una revista brasileña, la firma pagó al publicista del candidato del Centro Democrático una parte de sus emolumentos, a lo que el doctor Óscar Iván Zuluaga responde afirmando que si bien allegados a esa empresa lo pusieron en contacto con el asesor, su campaña sólo pagó lo acordado y no tuvo injerencia ni conocimiento sobre acuerdos adicionales.

Durante varias semanas, el clima del ambiente político ha ido en aumento porque las acusaciones van y vienen, mientras las entidades de control y los órganos judiciales anuncian investigaciones y llaman a declarar a los presuntos vinculados en el asunto. Y si a todo eso se agrega el alud de denuncias sobre los sobornos y comisiones pagados por Odebrecht en Colombia y el resto de América, fácil es comprender el impacto que puede producir el que un aspirante al cargo de mayor importancia en Colombia sea involucrado.

Ahora, el asunto toma características aún más preocupantes. El pasado lunes en un comunicado y ayer en rueda de prensa, el Fiscal General de la Nación afirmó que a la campaña del presidente Juan Manuel Santos podría haber llegado dinero proveniente de la misma Odebrecht, a través de un excongresista ya detenido, quien la entregó a un amigo cercano del gerente de la campaña. Los detalles han sido revelados con profusión por todos los medios nacionales, revelando un motivo más de inquietud para los colombianos y de desprestigio para la política y las instituciones.

Tal es el ambiente que vive Colombia, en momentos en los cuales los escándalos están a la orden del día y es notoria la limitación del Estado para combatir uno de los grandes enemigos de la democracia. Además de quedarse con el patrimonio público, sus tentáculos están destruyendo la credibilidad en el Estado, así como la confianza y el respaldo de los ciudadanos en sus instituciones para que puedan actuar en defensa del interés común.

Por eso, hay que exigir la actuación de las autoridades en busca de la verdad sobre las denuncias contra las campañas presidenciales. Lejos del debate partidista, y pensando en la necesidad de despejar las dudas, al Consejo Nacional Electoral tanto como a la Fiscalía, a la Procuraduría y a todos los organismos pertinentes les corresponde la obligación de hacer claridad sobre las denuncias que se han conocido. Es la única manera de ayudar a rescatar el buen nombre de la política y de quienes participan en los procesos electorales.