La verdad de los hechos

Los hechos luctuosos que se vivieron en una vereda de Tumaco son la demostración del pulso que se presenta entre la obligación del Estado de erradicar el narcotráfico en todas sus formas y la intención de imponer el mantenimiento de una situación que además de anormal e ilegal representa un peligro para los colombianos.

Por supuesto, hay que pedir una investigación objetiva, imparcial y rápida sobre lo ocurrido el pasado jueves, cuando seis personas perdieron la vida y alrededor de veinte resultaron heridas por arma de fuego. Qué desencadenó los hechos, quiénes intervinieron en ellos y de dónde salieron los disparos que causaron la tragedia debe ser aclarado como corresponde a una sociedad en la cual no pueden permitirse los excesos, ni se debe dar pie a la impunidad.

Así tiene que ser, como demostración del compromiso del Estado y en especial de la Fuerza Pública con el respeto al derecho a la protesta y a los derechos humanos de quienes lo ejercen. Pero esa investigación no puede confundirse con una muestra de debilidad frente a los intentos de los grupos de narcotraficantes que se han apoderado de amplias zonas de Tumaco y, en general, del área costera del departamento de Nariño.

Nadie puede olvidar que el Estado está para hacer respetar la ley y para combatir el delito. Ese principio no admite esguince alguno cuando, como se ha demostrado hasta la saciedad, el Gobierno Nacional se ha empeñado en conseguir la sustitución voluntaria de los campesinos mientras avanza la erradicación forzada de los cultivos que ahogan una región que llega hasta los límites con el Ecuador.

Menos aún puede ser aceptable que la anormalidad y las amenazas creadas por el narcotráfico sean usadas como instrumento para hacer política y para justificar ese delito alegando la necesidad de quienes siembran la coca o el derecho a la protesta social. Eso no es argumento, así exista el acuerdo con las Farc, donde además se establece con precisión la obligación de sus integrantes de apoyar los esfuerzos por acabar con los inmensos cultivos ilícitos, a la vez factores de inestabilidad social y política.

Ahora debe esperarse que la Fiscalía General de la Nación establezca la verdad de los hechos y que tanto la Justicia como los organismos de control actúen de acuerdo con los resultados que arrojen las investigaciones y sin intención distinta a hacer prevalecer el interés de todo el país. Y debe exigirse también que los muertos y heridos resultantes de los insucesos del pasado jueves no sean utilizados con intenciones de deslegitimar el papel que cumplen las autoridades en la que en este momento es la región más conflictiva de Colombia.

A Tumaco hay que devolverle la tranquilidad y la posibilidad de progreso, lo que no se logrará con la laxitud frente a la cadena del narcotráfico que lo asfixia. Por el contrario, es con la ley, con el respeto a las instituciones, con el desmantelamiento de las organizaciones criminales y, si es del caso, con la sanción a los excesos que se produzcan en el ejercicio de las facultades que tienen los funcionarios públicos.