La verdad de las regiones

Agosto 30, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Mientras en la Constitución de 1991 existen artículos sobre organización territorial y creación de nuevos entes que aún no han sido reglamentados, las finanzas de departamentos y municipios siguen mostrando una tendencia hacia el gasto sin responsabilidad".

Mientras en la Constitución de 1991 existen artículos sobre organización territorial y creación de nuevos entes que aún no han sido reglamentados, las finanzas de departamentos y municipios siguen mostrando una tendencia hacia el gasto sin responsabilidad. Es la contradicción entre la descentralización administrativa que se supone debe producir bienestar para los ciudadanos y aquella que se limita a cumplir mandatos legales sin exigir controles y resultados. La segunda es la descentralización que existe en Colombia. Y si bien hay que resaltar que las transferencias han aumentado de manera importante y seguirán creciendo a pesar de la caída en los ingresos nacionales, ello se debe a mandatos que obligan a la Nación a entregar una porción creciente de sus ingresos, debido entre otras razones a que se generan en los municipios y departamentos.No obstante, esa transferencia, o las regalías que según un exministro debían ser la mermelada que cubre toda la tostada del gasto público en la Nación, ya no parecen satisfacer las necesidades de las regiones, o, por lo menos a cubrir la propensión al gasto de los gobernantes locales y departamentales. Eso lo muestra el último informe sobre el desempeño fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda, según el cual, los ingresos propios de los entes territoriales han venido decayendo a pesar de que la economía ha crecido en cifras hasta del 6% anual.¿Qué ha ocurrido? Por supuesto, hay que empezar por reconocer que la transferencia del 45% de los ingresos de la Nación, sumada a la bonanza de las regalías, se ha convertido en un gran aliciente para el gasto. Pero también, en un desestímulo para la búsqueda de ingresos propios, lo que al final se refleja en mayor autonomía de alcaldes y gobernadores para crear fuentes de recursos frescos y para decidir en qué invertirlos sin la camisa de fuerza que significan las normas que rigen las transferencias. Por supuesto, se debe hacer excepción de los entes regionales y locales cuyos dirigentes han sido cuidadosos en el manejo de los recursos a su cargo.El resultado se ve en los déficit que presentan el 88% de los departamentos, superior a los dos billones de pesos y con tendencia a aumentar. Esa cifra, que significa un aporte del 0,5% al déficit fiscal del sector público en Colombia, refleja también el lastre que deben arrastrar esas entidades, muchas de las cuales han tenido que acudir a la ley 550 de 1999 o de insolvencia económica, como refugio para escapar de los embargos. Sin embargo, muy pocos esfuerzos se ven para detener la sangría que significan la corrupción y el clientelismo expresado en nóminas extensas útiles sólo para cumplir compromisos partidistas. Y frente a la cruda realidad que mostró el Ministerio de Hacienda, están los compromisos que deben cumplir en el posconflicto las entidades de gobierno más cercanas al ciudadano. Tal parece que las promesas pueden quedarse sólo en eso. Y el esfuerzo correrá a cargo de la Nación, golpeada como está por el déficit y necesitada de una reforma tributaria que impida su profundización.

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