La verdad de la Justicia

El Departamento de Planeación Nacional publicó esta semana el primer Índice de Acceso Efectivo a la Justicia en Colombia. En un país necesitado de instrumentos para resolver sus conflictos y darle confianza al ciudadano para que viva en paz, nada puede ser más preocupante que los resultados de esa investigación.

Al traducir el complejo lenguaje técnico del estudio que a su vez se basó en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas realizado en el 2016 por el Dane, se puede encontrar que mientras el 77% de los encuestados en Bogotá conocen sus derechos y cómo hacerlos valer, en el Amazonas son solo el 12%. Y que mientras el 85% de los habitantes de San Andrés creen que existen garantías para obtener un procedimiento justo, sólo el 41% de los vallecaucanos tienen fe en ese atributo, vital para la confianza y respetabilidad del Estado de Derecho.

El estudio también muestra que más del 50% de las necesidades jurídicas de todo orden que tiene el ciudadano no son llevadas ante las autoridades para que las resuelva. Ya sea por desconfianza en la autoridad, por el océano de trámites que le atraviesan, por el desconocimiento de la ley o por temor a las consecuencias, el 54% de los colombianos no acude a la institución creada precisamente para eso.

También es notoria la diferencia abismal entre el centro y el resto del país sobre el conocimiento de sus derechos y cómo defenderlos, o el acceso a un abogado o defensor público. Mientras en Bogotá tienen ese conocimiento el 77,2%, y el 72,3% respectivamente, en el Putumayo apenas llega al 20,4% y al 36% de la población. Y en cuanto al cumplimiento de un mandato judicial, apenas llega al 55% en toda la Nación, destacándose que en la capital de la República alcanza niveles de sólo el 36% de cumplimiento, índice apenas superior al delo Putumayo que baja al 30%.

Las cifras están diciendo entonces una verdad que ojalá sea reconocida en sus dimensiones. Es la que sienten y viven los colombianos con respecto a los derechos que tienen, la mala administración de justicia y la distancia que existe entre sus necesidades y las soluciones que les brinda el Estado. Y es el resultado de una educación precaria que no se empeña en formar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes.

En tanto, las instituciones encargadas de velar por la correcta utilización de esos deberes y derechos, así como de su defensa, están inmersas en trámites y requisitos que sólo conducen a frustrar las posibilidades de resolver los problemas de los ciudadanos. Frente a ello, las reformas a la Justicia que se han propuesto hasta ahora se dirigen apenas a tratar de resolver los conflictos políticos y de poder en las altas esferas del Estado sin abordar el verdadero problema, que afecta a toda la sociedad y a diario genera conflictos sin respuestas.

El estudio realizado por Planeación con el apoyo del Banco Mundial revela una realidad cruda que necesita respuestas. Es que Colombia precisa de una justicia que genere confianza entre los ciudadanos, sea conocida por ellos y resuelva sus necesidades. Esa es la manera de construir la paz que reclama nuestra Nación.