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La verdad ausente

"El crimen del Palacio de Justicia continúa vivo, gravitando sobre los colombianos y clamando justicia. Una justicia alejada de todo intento por manipularla, que encuentre la verdad del peor atentado contra la convivencia y que cierre para siempre las heridas que dejó la destrucción de la institución llamada a preservar el orden, la legitimidad y la paz de Colombia".

6 de noviembre de 2015 Por:

"El crimen del Palacio de Justicia continúa vivo, gravitando sobre los colombianos y clamando justicia. Una justicia alejada de todo intento por manipularla, que encuentre la verdad del peor atentado contra la convivencia y que cierre para siempre las heridas que dejó la destrucción de la institución llamada a preservar el orden, la legitimidad y la paz de Colombia".

Hace treinta años, el Palacio de Justicia ardió en medio del ataque demencial de un puñado de guerrilleros del M-19 y la respuesta del Estado. Hoy, las brasas de ese incendio que puso en vilo las instituciones colombianas siguen vivas, afectando la vida republicana porque el Estado no ha podido encontrar la verdad ni la forma de superar la violencia.En su momento, el país se sumió en una especie de parálisis. La sede de uno de los tres poderes públicos fue presa de las llamas y en ella casi todos los Magistrados que tenían en sus manos los más altos destinos de la Justicia en Colombia. Los autores de semejante tragedia eran personas que proclamaban la paz y la justicia social a través de las armas con su inmenso poder de destrucción y el desconcierto general que los convirtió en protagonistas de primer orden en la vida nacional.La sorpresa fue la aliada de los asaltantes. Vino la reacción de las autoridades que actuaron para responder contra el crimen que se estaba perpetrando. Y no era cualquier crimen: se trató de tomar como rehenes a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, para extorsionar a los demás poderes públicos, ubicados a pocos metros del lugar de los hechos.El otro asunto es la reacción de las autoridades civiles encabezadas por el entonces presidente de la República, Belisario Betancur. Y la actuación de la Fuerza Pública, bajo el mando del Primer Mandatario, y obligada a cumplir las normas y los derechos humanos de todos quienes estaban en el Palacio. En muchas oportunidades, en abundantes documentos y testimonios, Colombia ha tenido la oportunidad de conocer y juzgar esas actuaciones.Y a pesar del tiempo transcurrido, de las múltiples comisiones conformadas y de las investigaciones exhaustivas, la verdad aún está ausente. El M-19 fue indultado y los procesos contra quienes prohijaron o cometieron el atentado murieron casi de forma inmediata. Se sabe también que hubo excesos en las autoridades. Pero las actuaciones judiciales, las alteraciones en la escena del crimen y la manipulación indebida de los cadáveres han terminado por confundir las cosas al extremo en que no se sabe quiénes son los desaparecidos, si sus restos están entre los montones que se arrojaron de manera apresurada a fosas comunes.Por eso, el crimen del Palacio de Justicia continúa vivo, gravitando sobre los colombianos y clamando justicia. Una justicia alejada de todo intento por manipularla, que encuentre la verdad del peor atentado contra la convivencia y que cierre para siempre las heridas que dejó la destrucción de la institución llamada a preservar el orden, la legitimidad y la paz de Colombia.Por no haber logrado ese objetivo, la toma del Palacio de Justicia sigue siendo herida abierta que sangra con cada descubrimiento sobre los errores y las injusticias cometidos. Es la herencia que deja la impunidad, que desgasta la credibilidad en el Estado de Derecho y permite que la especulación y los intentos por usar a las víctimas prevalezcan sobre la obligación de encontrar la verdad y darle paz al espíritu de la Nación.

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