La tragedia de la imprevisión

Diecisiete muertos, nueve desaparecidos, 500 familias damnificadas y 80 casas destruidas. Hasta ayer ese era el balance de la tragedia invernal en Manizales, una más que enluta a Colombia y difícilmente la última que vivirá un país en el que las medidas básicas para prevenir desastres han sido ignoradas.

Las imágenes de la catástrofe ocurrida en la madrugada del miércoles demuestran a simple vista que estaba anunciada. La historia es la misma: viviendas levantadas en zonas de riesgo, construidas frente a los ojos de unas autoridades que prefieren voltear la mirada antes de hacer cumplir las leyes que han sido expedidas para proteger la vida e integridad de los colombianos.

Tres semanas atrás fue Mocoa, hace dos días el turno le correspondió a Manizales, mañana podría ser Cali o dentro de un mes cualquier población colombiana. Es la historia que se repite cuando arrecian las lluvias y que se vive cada vez con mayor frecuencia en un país donde se expiden en abundancia normas que obligan a los municipios y departamentos a definir sus mapas de riesgo, pero sobre todo a evitar los efectos de los desastres naturales.

El problema es que esas normas se ignoran, ya sea para evitar lo que consideran gastos inútiles, o por razones políticas. Está demostrado que no existe la voluntad en muchos de los dirigentes locales y regionales para tomar las precauciones ante la amenaza que significa permitir asentamientos en sectores donde el peligro es evidente o para impedir que unos cuantos saquen provecho electoral de las necesidades de la gente.

La vulnerabilidad de Colombia frente a los desastres naturales es patente, así como los efectos del cambio climático. Los mapas de riesgo muestran las amenazas sobre las riberas de los ríos o las zonas de ladera. Y es indiscutible que si no se toma conciencia ni se aplican las medidas, el país seguirá padeciendo las consecuencias mortales de ignorar las alertas.

Cali es una de esas zonas vulnerables. Cuando llueve la tragedia se cierne sobre sectores como Siloé, como ya ha sucedido este año con los deslizamientos que han dejado casas derrumbadas y víctimas fatales. Lo mismo ocurre con el jarillón del río Cauca, bomba de tiempo que ha requerido una labor casi heroica para lograr su recuperación y reconstrucción, o con las invasiones de sus riberas que se encuentran en constante peligro. La lista continúa con las alertas de la CVC sobre los ríos Meléndez y Pance donde las construcciones ilegales son una amenaza para la comunidad.

Todo ello es el resultado de la permisividad que lleva a desconocer las leyes de atención y prevención de desastres, dejando esa responsabilidad al Gobierno Nacional y creyendo que así se pudieran evitar las catástrofes. Es la desatención de los municipios y departamentos a esas obligaciones, la falta de decisión para aplicar la autoridad que se requiere y a la urgencia de cumplir los planes de ordenamiento territorial que eviten el peligroso crecimiento caótico.

Ya sucedió en Mocoa y Manizales, ciudad con la que hoy Colombia debe ser solidaria. Ojalá Cali no sea la próxima.