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La solución es otra

Detrás de esa movilización que en los círculos oficiales del Departamento y de la Nación se ha querido menospreciar, está el clamor de una comunidad que pide oportunidades de desarrollo, que reclama educación de calidad y apoyo efectivo para explotar las riquezas que ofrece el Pacífico, empresas que ofrezcan posibilidades de empleo, servicios de salud dignos, y recursos para explotar las ventajas comparativas que hoy son aprovechadas por los grupos delincuenciales.

7 de marzo de 2014 Por:

Detrás de esa movilización que en los círculos oficiales del Departamento y de la Nación se ha querido menospreciar, está el clamor de una comunidad que pide oportunidades de desarrollo, que reclama educación de calidad y apoyo efectivo para explotar las riquezas que ofrece el Pacífico, empresas que ofrezcan posibilidades de empleo, servicios de salud dignos, y recursos para explotar las ventajas comparativas que hoy son aprovechadas por los grupos delincuenciales.

Luego de largos meses de silencio sobre lo que sucede en Buenaventura, el Gobernador del Valle reapareció reclamando la militarización de la segunda ciudad del departamento y la más importante sobre el Pacífico colombiano. Aunque no caben dudas sobre la necesidad de enfrentar la amenaza que representan las bandas criminales para sus habitantes, sorprende que la autoridad civil más importante de la región se limite a exigir la presencia de más militares para resolver una crisis que tiene su origen en el abandono del Estado. Hace poco, 30.000 personas desfilaron por la ciudad para protestar por la situación que vive Buenaventura. Por supuesto, el primer objetivo de la marcha era reclamar contra la violencia que destruye vidas y llega ya al uso de atrocidades despreciables con el propósito de sembrar el miedo para obligar a la ciudadanía a colaborar o permitir la delincuencia que se ha tomado su ciudad. Pero no era el único. Detrás de esa movilización que en los círculos oficiales del Departamento y de la Nación se ha querido menospreciar, está el clamor de una comunidad que pide oportunidades de desarrollo, que reclama educación de calidad y apoyo efectivo para explotar las riquezas que ofrece el Pacífico, empresas que ofrezcan posibilidades de empleo, servicios de salud dignos, y recursos para explotar las ventajas comparativas que hoy son aprovechadas por los grupos delincuenciales. En otras palabras, lo que reclamaron fue que Colombia los mirara con una óptica distinta a la que se dedica al análisis de las estadísticas de terror y el salvajismo al que recurren los criminales asentados en su territorio. Por eso sorprende la propuesta del señor Gobernador de pedir la militarización, mientras la referencia a las soluciones que reclamaron los manifestantes brilla por su ausencia en sus expresiones. Más aún, cuando la Fuerza Pública ha aumentado de manera apreciable su presencia en Buenaventura y su labor se ve reflejada en la captura de criminales y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Todo lo cual se ve limitado por la falta de oportunidades que genera pobreza y por la limitada presencia del Estado que deja el espacio a las conductas criminales que se convierten en opción válida para los ciudadanos sin opciones Por eso es notoria la falta de liderazgo de las autoridades departamentales y de las municipales en la búsqueda de soluciones para la gente de Buenaventura, mientras desde el Ejecutivo Nacional y por muchos años sólo se ofrecen políticas remediales que no resuelven de raíz la crisis que padece el Pacífico colombiano. Por eso, ya no es suficiente con reconocer el progreso de los terminales marítimos que se construyen en su entorno, o con polemizar por las demoras en la construcción de la carretera que la une con el centro del país.Ahora el asunto no es de pedir más soldados y policías, sino de encabezar la movilización que se requiere para rescatar a Buenaventura y a sus ciudadanos del abandono secular. Y de hacer que la autoridad civil del Valle asuma el papel que le corresponde como vocero y facilitador de las necesidades que golpean a 500.000 vallecaucanos.

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