La reversa

Al reconocer el enorme error cometido con la llamada reforma a la Justicia

Al reconocer el enorme error cometido con la llamada reforma a la Justicia, la coalición de gobierno atenderá desde mañana el llamado presidencial para echar abajo el engendro. Pueda ser que la clase política y el Gobierno reaccionen como corresponde al reclamo enérgico y contundente de una nación que, además de indignada, aún no se explica cómo se pudo llegar a los extremos que se cometieron en la reforma.Ahora se volvió usual que quienes participaron, por acción o por omisión, en el proceso culminado en una comisión de conciliación, se conviertan en voceros y abanderados de su derogatoria. Y que pretendan desligarse de las responsabilidades y las culpas que les corresponden a todos y cada uno por los resultados de un proceso que duró un año y en el cual fueron desoídas las protestas y las alertas sobre los males que al ordenamiento jurídico y a las instituciones le acarrearían los cambios que se cocinaban de espaldas a la ciudadanía.Pero, en fin, de lo que se trata ahora es de echar para atrás lo aprobado; de impedir a las carreras que el acto mediante el cual se reformó la Constitución tenga un solo momento de vigencia, lo cual ocurrirá en el instante en que sea promulgado. Es decir, antes de que el Presidente de la República, que ya anunció que no lo publicaría, o el Presidente del Congreso, le den vida mediante el cumplimiento del último trámite requerido para que cambie la Ley de Leyes y produzca los catastróficos efectos que muchos no quisieron ver y otros pocos se empeñaron en imponer.Para el efecto, el presidente Juan Manuel Santos convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, para que en dos días estudie, acepte o rechace sus objeciones a lo aprobado la semana pasada. El país está conmocionado también porque no se sabe a las claras si tales reparos son o no legales y si el Primer Mandatario está facultado para hacer esas objeciones a un acto legislativo. Lo cual aumenta la tensión y ha producido incertidumbres que deberán ser despejadas a la mayor brevedad.Pero lo cierto es que Colombia tiene que impedir a como dé lugar la entrada en vigencia de una reforma que no cambia la Justicia sino que la destruye. Que no modifica la Constitución aprobada por el pueblo en 1991 sino que la desconoce. Que parece hecha para beneficiar a unos cuantos sin importar que perjudica a toda la Nación, a su democracia y a la decencia.En ese orden de ideas, lo esperable es que ese acto de contrición que realizan los partidos, los dirigentes, los gobernantes, se perfeccione cuanto antes. Es decir, que la malhadada reforma sea hundida para así poder evitar los nocivos y destructores efectos que su puesta en vigencia producirá en nuestro ordenamiento jurídico.Ya llegará la oportunidad de establecer las responsabilidades legales, éticas y políticas a que haya lugar por los desafueros cometidos en la monstruosa reforma. Lo importante ahora es impedir que entre en vigencia. Que se oiga la voz de los colombianos, el constituyente primario, que rechazan indignados todos y cada uno de los contenidos de un Acto Legislativo contrario a los principios democráticos sobre los cuales se basa un Estado de Derecho respetable y respetuoso.